El Ayuntamiento de Miranda mantiene en su lista de asuntos pendientes la renovación de la zona azul. El procedimiento se arrastra desde el año pasado y querían cerrarlo en 2023, aunque el retraso que ha generado la elaboración del pliego ha convertido el deseo en un imposible. De hecho, en el Consistorio reconocen que tendrán que pedir una nueva prórroga del contrato actual. Esa ampliación se propondrá a la actual adjudicataria con las mismas condiciones actuales, sin una rebaja en el precio para los usuarios.  Esta intención del equipo de gobierno pasa por pedir «otros tres meses», explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, quien espera que en este tiempo puedan acabar definitivamente con este asunto.

El responsable municipal encargado de esta renovación puntualiza que en la actualización «los plazos han sido autoimpuestos», pero también reconoce las dificultades que han encontrado a la hora de redactar el pliego, con el que también habrá cambios en la grúa municipal. El edil incide en la fórmula del equilibrio financiero que ha causado la mayoría de los quebraderos de cabeza. Este requisito tenía que cumplirse, porque con el nuevo contrato la futura adjudicataria debe de hacer una inversión para renovar todos los parquímetros, pero ese desembolso debe de ser amortizable.

En cualquier caso, ese punto «ya está resuelto», matiza Gómez, que remarca que el documento ya está en Contratación «y nos dicen que estará listo este año», porque todavía existen algunos flecos por cerrar antes de la licitación. De cualquier manera, esa fecha coincidirá con el fin de la prórroga actual del contrato y el concejal remarca que la solicitarán para que en tres meses se cierre la contratación, con los periodos de exposición pública que marca la ley y un tiempo para que las empresas puedan estudiar la documentación, antes de presentar una oferta para hacerse con el contrato.

Además, también hay que tener en cuenta que la aprobación del pliego, dada la envergadura de este servicio, no se hará a través de la Junta de Gobierno, sino que tendrá que someterse a votación en el Pleno municipal, que se celebra habitualmente una vez al mes. 

Más allá del procedimiento, no se avanza mucho sobre las condiciones que regirán el estacionamiento regulado en la ciudad durante los ocho años posteriores a la firma. Lo que ya se sabe es que la adjudicación se cerrará por este tiempo y que se hará con dos condiciones anunciadas: la rebaja del precio y la no ampliación del número de plazas. En este sentido, hay que tener en cuenta que el equipo de gobierno del PSOE en la anterior legislatura ya admitió que el servicio «era caro», motivo por el que se pretende rebajar el coste para que los ciudadanos puedan aparcar en el centro de la ciudad.

Cambios de criterios. Más allá de los retrasos actuales, las intenciones para gestionar esta tasa municipal han cambiado desde que en 2021 el equipo de gobierno del PSOE anunciara su eliminación. En 2022 se comunicó que la apuesta por la zona azul continuaba y a partir de ahí el Ayuntamiento empezó a pedir prórrogas a la empresa actual. 

Primero fue de un año, después de seis meses y la anunciada ahora de tres meses, justo en el momento en el que este servicio cumple 18 años en funcionamiento desde que arrancó a finales de 2005, aunque desde entonces el número de plazas sí que ha crecido.