Es como el Gran Hermano en la sombra. El interventor municipal probablemente sea una de las figuras más desconocidas del engranaje de un Ayuntamiento pero su responsabilidad en la fiscalización de las cuentas provoca en ocasiones enfrentamientos con los alcaldes, quienes niegan las acusaciones de ejercer «presiones» a una labor que ha endurecido sus controles de vigilancia como consecuencia de los casos de corrupción.

La figura del interventor salió a la palestra a raíz del escándalo de los ERE fraudulentos donde quedó acreditado la ausencia de controles en la fiscalización de las ayudas, en el que tuvo un protagonismo especial Manuel Gómez, el que fuera interventor de la Junta de Andalucía durante 2000 y 2010, imputado inicialmente y al final absuelto y que en su reincorporación fue aplaudido por sus compañeros.

Su historia se ha plasmado en el libro 8 años, 8 meses y 8 días (Editorial Spanish Edition) donde cuenta los años en que estuvo procesado y donde ahora quiere «contar el calvario judicial en el que me he visto envuelto y que le puede ocurrir a cualquiera».

Desde casos como este muchas voces llegaron a apuntar que en los ayuntamientos «nadie firmaba ya un papel», y gran parte de culpa estaba en las reticencias de los interventores municipales, órgano que vela por que los distintos actos, documentos y expedientes que se realicen en esta administración sean conforme con la normativa.

El presidente del Colegio Territorial de Sevilla de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), Antonio Manuel Mesa, no cree que se trate de que en los ayuntamientos «nadie quiera firmar un papel» sino que hay otras circunstancias que están «ralentizando» la gestión administrativa.

La clave está, según señala Mesa, en que la ley no era entonces tan exigente como en la actualidad, cuando se ha producido un «endurecimiento normativo derivado de los casos de corrupción» y que se ha traducido en incorporar más mecanismos de control para evitar conductas ilícitas.

La normativa que se está aprobando en los últimos años les atribuye «más responsabilidad y funciones» en la fiscalización que se traduce en «más tiempo y más trámites que subsanar», y todo ello unido a que cada vez haya menos medios materiales y personales.

Un argumento en el que coincide el alcalde de Bollullos de la Mitación (Sevilla), Fernando Soriano (Adelante), para quien existe el problema añadido de que en muchas ocasiones ni siquiera se cubren las vacantes e incluso las plazas se amortizan, lo que provoca la paralización de la gestión o que se haga una «gestión indebida», argumentó en este sentido.

María del Mar Rodríguez (PSOE), alcaldesa de Castilleja de Guzmán (Sevilla), coincide en que la ralentización se pueda deber al endurecimiento de la normativa, y ha puesto como ejemplo que siempre le haya llamado la atención que para cambiar, por ejemplo, la taza de un baño de una escuela infantil «hagan falta siete informes».

Alcaldes y presiones

El popular Jorge Muriel, alcalde de Herrera (Sevilla), afirma que el problema radica en que los ayuntamientos pequeños, al estar sometidos a la misma normativa que los grandes, tienen que manejar el mismo número de procedimientos con «infinidad» de menos personal, por lo que los alcaldes «lo pasamos muy mal y acabamos con la lengua fuera».

Y es aquí cuando el interventor y el «poder político» -como llama Mesa a los alcaldes- empiezan a tener fricciones. Y se producen «cada vez más presiones políticas», que en ocasiones se convierten en «situaciones de acoso», un extremo que el alcalde de Bollullos niega: «Es falso que haya presiones».

Soriano asegura que los munícipes valoran totalmente su trabajo de fiscalización y los que define como «piezas fundamentales en el engranaje» del Ayuntamiento, añadiendo que ambos deben colaborar entre si, aunque en ocasiones mantengan criterios distintos.

La alcaldesa de Castilleja coincide con su colega y no cree que existan presiones a los interventores, ya que los informes dependen de ellos, y si este «dice que no, es que no», y ha recordado que cualquier acción contra el informe de reparo del interventor es prevaricación administrativa.

El regidor Jorge Muriel es más contundente: «No hay presiones. Si alguien está presionado es el alcalde», porque el trabajo se acumula, las ayudas se pierden «y los culpables son siempre los políticos», de ahí que «los primeros interesados» en que los habilitados cuenten con medios son siempre los alcaldes.

Pero a nadie se le escapa que el afán de recortar su independencia ha existido siempre. De hecho, en 2012 el PP anunció que volverían a depender de la Administración General del Estado.

¿Bufetes, la alternativa?

Es en este momento cuando los alcaldes buscan «otra opinión, otro criterio interpretativo» de alguna situación que está «paralizada» por el interventor porque «lo que vale en un Ayuntamiento no vale en otro» ya que está sujeto el criterio interpretativo del mismo.

«Los alcaldes buscan un informe contradictorio que le permita plantear una discrepancia al reparo del interventor», señalado el presidente de COSITAL, para quien el hecho de que se contrate a bufetes externos se debe a que buscan «en ocasiones» nuevos informes como «forma de presionar la labor independiente del órgano interventor».

Este extremo no es secundado por los regidores, quienes consideran que «no hay presiones» sino que perciben «criterios distintos» a la hora de tramitar algunos asuntos dependiendo del municipio.

Desde COSITAL se reclama una oferta de empleo público «adecuada» y que cubra las vacantes existentes porque hacen falta más de un millar de habilitados en toda España; un sistema de promoción interna acorde con los conocimientos adquiridos con anterioridad; la derogación de la transmisión de competencias al País Vasco, y la dotación de unos medios humanos y materiales acordes a las funciones que tienen que desempeñar actualmente los interventores.