La batalla judicial iniciada en 2013 por la Asociación de Amigos de San Martín de Losa parece no llegar a su fin gracias a las estrategias que Benedicto Vadillo, el exalcalde de la pedanía losina, ha puesto en práctica para dilatar hasta el extremo, primero la instrucción y ahora el juicio por los delitos de estafa, malversación y falsedad que ayer se iba a celebrar en la Audiencia Provincial. Vadillo fue visto por todos los vecinos acudir a votar el domingo a su colegio electoral, posiblemente para apoyar la candidatura de su hijo, pero, en cambio, alegó motivos de salud para que la vista en la que iba a ser juzgado este martes en la Audiencia se suspendiera. Y no es la primera vez que sucede. Por esta causa y otras ha evitado el banquillo, al menos, en tres ocasiones aduciendo dolencias que le impiden comparecer ante jueces y magistrados.
La Audiencia Provincial le citó a juicio en julio y septiembre de 2022, el pasado enero y ayer por dos procedimientos diferentes. Ayer se le iba a juzgar por el caso abierto desde 2013 por estafa, malversación y falsedad, por el que el fiscal le reclama 11 años de prisión y 18 de inhabilitación, además de la obligación de reintegrar a las arcas del pueblo 30.682 euros. En enero se le iba a juzgar por los delitos de prevaricación, falsedad documental y usurpación de funciones públicas por otra causa abierta en 2016. En este segundo caso, el fiscal le solicita otros 6 años de prisión y 14 de inhabilitación para cargo público.
En agosto de 2022, el médico forense indicó a la Audiencia que Vadillo se encontraba en condiciones de declarar, después de que alegara problemas de salud y las partes se opusieran, pero finalmente logró que el juicio no se celebrase. Después ha vuelto a ser citado para que el médico forense le hiciera un nuevo reconocimiento de su estado, pero no acudió a la cita.
Ahora, la acusación va a pedir a la Audiencia Provincial que «acuerde que, a los efectos de valorar si efectivamente tiene algún sentido o no la suspensión de los procedimientos por las causas médicas alegadas, se obligue a Benedicto Vadillo a acudir al médico forense para su reconocimiento». En el mismo escrito se va a poner de manifiesto como el acusado votó sin ningún problema y «no parecía padecer ninguna limitación, lo que demuestra que tiene capacidad para desplazarse a unos sitios, pero no a otros que no le interesan», según explica la acusación. Además, se planteará que «incluso, si fuera necesario, se le lleve al médico forense con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado», es decir, conducido por la Guardia Civil, como ya ha acudido en más de una ocasión al Juzgado de Villarcayo a recoger notificaciones judiciales que evitaba por todos los medios recoger en su casa, alargando así hasta el extremo las causas judiciales.
Vadillo fue inhabilitado durante 14 meses en 2017 por un delito contra los derechos cívicos y por dos años más en 2020 por el mismo delito. Abandonó su cargo de alcalde pedáneo en 2018 y ya no lo ha vuelto a ejercer. Pero no ha respondido del destino de 61.923 euros que entre 20027 y 2013, año de la denuncia, dije haber gastado en desplazamientos por la mitad norte de España con precios de hasta 1,03 euros el kilómetro, comidas, aparcamientos, honorarios a terceros, envíos postales... y todo lo que él consideraba gastos del alcalde, como cobrar hasta 330 euros por retirar la nieve de las calles del pueblo. Tampoco ha respondido de lo sucedido con la Cuenta General de 2013 y los presupuestos de 2014 que llevó al pleno con su firma como alcalde y habiendo firmado también como interventor, según el fiscal y la acusación particular.