Los últimos datos hechos públicos por el Ministerio del Interior sobre solicitudes de asilo en las diferentes provincias españolas, los de 2021, sitúan a Colombia y Venezuela como los dos países cuyos naturales han protagonizado el mayor número de peticiones en Burgos, una tendencia que ya venía de años anteriores, pues el 2020 a pesar de estar atravesado por la pandemia también los colocó a la cabeza. Así, del total de personas que pidieron en esta provincia ser consideradas como refugiadas en todo ese año, que fueron 300, 109 llegaron de Venezuela y 105, de Colombia, ambos países con una gran inestabilidad política, social y económica. En tercer lugar, pero a muchísima distancia, se colocó Perú, con 13 solicitudes, y se registraron otras peticiones de Honduras (7), Nicaragua (5), El Salvador (4), Cuba, Ecuador, Panamá y Paraguay (2 de cada uno), Guatemala y Chile (1). 

América Latina, pues, es el punto de partida de la inmensa mayoría de las personas, el 85%, de quienes llegaron a Burgos huyendo de sus países por tener fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política o que huyen de conflictos armados y situaciones de violencia, pues es así como la Convención de Ginebra define a una persona refugiada. El término para denominar a aquella que ha pedido ese estatus y está a la espera de su resolución es solicitante de asilo. El 15% restante llegaron de África (Argelia, Costa de Marfil, Gambia, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Nigeria y Senegal), de Asia ( Georgia, Armenia, Pakistán, Afganistán y Siria) y de Europa (Bielorrusia y Ucrania antes de que su invasión por parte de Rusia provocara una auténtica diáspora el año pasado).

El proceso desde que se pide la condición de persona refugiada hasta que se recibe una respuesta es largo, proceloso, incierto y se puede alargar mucho. Además, en la mayoría de los casos no se consigue, según explican desde Accem, la entidad que desde hace más de dos décadas orienta y acompaña tanto a quienes optan a esta condición como a quienes llegan como migrantes y con el objetivo de conseguir una vida mejor sin el matiz político o de víctima de la violencia del peticionario de asilo. 

La solicitud de protección internacional se puede presentar en los puestos fronterizos, los centros de internamiento de extranjeros (CIE), en las embajadas o en el territorio nacional, que es donde se hacen la mayoría, principalmente en las comisarías de policía. 

Precisamente en la de Burgos se lleva produciendo desde hace meses un singular atasco que ha dejado a este colectivo más vulnerable de lo que ya es, y mujeres, niños y gente mayor han llegado a pernoctar para conseguir cita delante de las dependencias de Policía Nacional. Un bloqueo informático organizado -acaban de ser detenidas por ello decenas de personas, algunas en la ciudad- les impedía poner fecha al inicio de los trámites para ser consideradas refugiadas.

Las que sí lo han conseguido, han obtenido un documento con sus datos personales denominado 'manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional', en el que se indica la fecha en la que deben volver a comisaría para formalizar la solicitud. Así que tienen que ir otro día diferente a entrevistarse con un policía de la sección de Extranjería al que explicarán sus motivos para solicitar asilo y aportarán cualquier documento que pueda respaldar su relato. En ese acto reciben otro 'papel': el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional.

Si esta demanda es admitida a trámite (lo son un enorme porcentaje, en toda España el año pasado, el 98,04%) el resguardo tendrá una validez de 9 meses, transcurridos los cuales se podrá pedir una renovación y si es aceptada, la persona recibirá una tarjeta de solicitante de protección internacional admitida a trámite, que se conoce coloquialmente como 'tarjeta roja'. Por otro lado, se obtiene la autorización de trabajo seis meses después de la formalización de la solicitud de protección internacional. 

Es la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, la que se ocupa de estudiar las peticiones para las que, en teoría, hay un plazo de contestación de 6 meses, pero que en la práctica se demora más. Si se deniega (el año pasado ocurrió en el 58% de los casos) los afectados pueden presentar un recurso. Cuando la respuesta es favorable se pueden recibir tres documentos diferentes en función de las circunstancias de la persona: el estatuto de refugiado, que es la forma de protección mediante la que son reconocidos quienes sufrir algún daño en sus países de origen por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado social, de género u orientación sexual; la protección subsidiaria, que ampara a los apátridas y personas procedentes de países extracomunitarios que no reúnen esos requisitos, pero que tienen motivos fundados para creer que si vuelven a su país se enfrentarían a un riesgo real de sufrir graves daños, o las 'razones humanitarias', una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales como la situación de violencia o inseguridad generalizada en un país o la falta de abastecimientos. «Es habitual -dicen desde Accem- la concesión de esta autorización a personas venezolanas a las que les ha sido denegada la solicitud de protección internacional».

Yolanda Obando | Buenaventura (Colombia)

«Han sido tres años de mucha incertidumbre, pero ya respiro tranquila: soy legalmente una refugiada»

Desde el pasado 8 de marzo, Yolanda Obando (Buenaventura, Colombia, 39 años) respira tranquila. Ese día supo que es ya oficialmente una refugiada aunque aún está a la espera de que le lleguen materialmente los papeles. Para esta activista social contra las agresiones sexuales, los últimos años no han sido nada fáciles. Casi le cuesta la vida visibilizar en su ciudad natal, ubicada al oeste de Bogotá, la lucha en favor de las mujeres víctimas. 

«Las presiones son muy fuertes y nosotras desde nuestro colectivo hemos intentado que se hable de violencia sexual, que se defienda a las víctimas y que se las proteja», afirma Obando, refiriéndose al Colectivo de Mujeres a Paso de Mangle -«el mangle -explica- es una planta que crece hasta en las peores circunstancias», que es como se llama la asociación para la que trabajaba.

También era allí una líder social, denominación que en su país se da a las personas que representan a un grupo determinado -en este caso, mujeres violadas- y que se encargan de defender los derechos humanos, una auténtica profesión de riesgo en Colombia. Tal es así que al poco de ser nombrada recibió una llamada telefónica con amenazas directas de muerte y la oficina de su asociación apareció destrozada: «Me asusté mucho porque frente a ella vivían mis padres. Además, intentaron entrar en mi casa destrozando parte del tejado y mataron a otras dos compañeras, también líderes sociales. Así que decidí marcharme cuanto antes de allí para no poner en riesgo a mi familia. 

Socióloga de formación, en la actualidad cuida de personas mayores y en el futuro le gustaría implicarse aquí también en la defensa de los derechos de las mujeres. Algo más de tres años ha tardado en conseguir el estatuto de refugiada: «Llegué el 18 de febrero de 2020 poco antes de que se decretara el confinamiento y han sido tres años de mucha incertidumbre, pero que me los he tomado con paciencia, tranquilidad y fe. Pero he de reconocer que hasta que no me informaron de que se había aprobado mi condición de refugiada no respiré tranquila». 

Touria Outalb | Rabat (Marruecos)

«Siempre tuve permiso de trabajo y residencia»

El caso de Touria Outalb es francamente excepcional. Hubo algún momento en el que este país autorizó contingentes de trabajadores extranjeros para que se ocuparan de puestos de difícil cobertura. Así que en 2007 esta mujer llegó desde Rabat (Marruecos) a Burgos, concretamente a Pradoluengo, con un contrato como cuidadora. «Siempre he tenido permiso de trabajo y de residencia. A través de mi hermano me enteré de que existía esta posibilidad y me vine para acá para ganar algo más y vivir mejor que en mi país, donde trabajaba en una fábrica de piezas para coches».

Dice que Burgos le gustó al primer vistazo y que aunque la gente «es muy brusca» se ha adaptado de la mejor manera: «Ahora creo que soy una mitad marroquí y la otra, burgalesa». En la localidad textil estuvo unos cuantos años cuidando de dos hermanas mayores con las que se sintió como en casa y de las que tiene los mejores recuerdos. Luego pasó otro año en Briviesca trabajando en una fábrica y nunca le ha faltado un empleo. Su futuro pasa por quedarse en Burgos, donde se casó con un compatriota: «Allí sigue estando nuestra familia y vamos de vacaciones, pero mi vida está aquí, todo es mejor en España que en Marruecos, empezando por la sanidad».