A falta del resultado de los preparativos finales, Nuclenor comenzará la próxima semana con el llenado de los cinco únicos contenedores de combustible nuclear gastado que fabricó Ensa cuando el Consejo de Seguridad Nuclear solo tenía previsto reducir el número de elementos de la piscina del edificio del reactor con la vista puesta en evitar accidentes como el de Fukushima. Casi a la vez, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha sacado a contratación el servicio de ingeniería para el diseño, licenciamiento, tramitación ambiental y dirección de obra del futuro edificio en el que se velará por garantizar la seguridad de los 53 contenedores que tras el desmantelamiento permanecerán en el Almacén Temporal Descentralizado de residuos de Santa María de Garoña. Solo el proyecto y tramitación de este 'taller' tiene un presupuesto de licitación de 7,6 millones.
La empresa que finalmente se quede con el contrato está obligada a destinar a este proyecto 24 profesionales, desde expertos en geofísica, geología, sismicidad y muchas otras ramas científicas. Asimismo, contará con 5 años para realizar las tareas encomendadas, pero este plazo podría prorrogarse, si el Consejo de Seguridad Nuclear exige modificaciones del proyecto que se le presente o nueva documentación y su visto bueno tarda en llegar. Una vez esté resuelta incluso la evaluación de impacto ambiental, la empresa elegida dirigirá la obra de construcción de «uno o varios edificios próximos al ATI», Almacén Temporal Individualizado de la central, una instalación que pasará a llamarse Almacén temporal Descentralizado cuando cuente con las instalaciones de apoyo proyectadas y que serán de las pocas que queden en pie tras el desmantelamiento. En ellas se instalarán todos los equipos necesarios para que técnicos e ingenieros puedan realizar tareas de inspección y mantenimiento de los contenedores donde se aislará el combustible irradiado durante los más de 40 años de actividad de la central, un residuo radiactivo de alta actividad. Así pues, deberán de superar controles permanentes.
Pero en el caso «improbable», como lo califica Enresa, de que algún contenedor sufriera «un fallo o un mal funcionamiento», las nuevas instalaciones serían el lugar donde repararlo, salvo en casos extremos en que se trasladaría fuera de la central. En su memoria justificativa de las nuevas instalaciones, fruto también por la decisión del gobierno de crear almacenes de residuos en cada central y desechar la idea de uno centralizado como proyectó el PP, Enresa señala que «un solo fallo -en un contenedor- podría causar la pérdida del confinamiento primario, produciéndose una emisión de material radiactivo» y ello podría afectar «a la seguridad y/o salud pública». De ahí la relevancia del nuevo edificio de apoyo al almacenamiento de los contenedores a la intemperie en las dos losas sísmicas construidas desde 2018.
De Canadá. Mientras, la empresa Ensa continúa en su factoría de Santander con la fabricación de 44 contenedores más para el combustible, un contrato autorizado en 2020 por el Consejo de Ministros y cuyo coste es de 138 millones. En ese proceso, Ensa acaba de contratar a la empresa 3M Technical Ceramics Canadá, con sede en Saguenay (Quebec), para fabricar chapas de matriz metálica que incluyen numerosas materiales -aluminio, magnesio, níquel...- y aleaciones , con las que se montarán lo contenedores de Garoña.