Las constantes denuncias sindicales, en ocasiones por supuestos incumplimientos de las leyes y en otras por lo que consideran falta de negociación por parte de los responsables de Personal, están llevando a los servicios jurídicos de la Diputación al borde de «colapso», afirman desde el Sindicato Obrero Independiente (SOI), a la vez que manifiestan que esta situación está propiciando que la institución provincial «abuse del silencio administrativo negativo», lo que a su vez está generando más recursos.
Ha sido ese supuesto silencio administrativo a las reclamaciones individuales formuladas por cuatro aspirantes en las últimas oposiciones, presentadas por no computar los méritos invocados en los procesos de concurso y concurso oposición, el que ha llevado a estos opositores a presentar un contencioso administrativo por el silencio a los recursos planteados. Esta situación ha obligado a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el pasado día 28, cuatro anuncios informando de esos recurso a los que obtuvieron una plaza en la fase de oposición y concurso-oposición para que puedan personarse como demandados.
Dos de los recursos, presentados por dos opositoras a una de las plazas de limpiador, afectan a los aspirantes que obtuvieron una de las 58 plazas en propiedad tras las oposiciones realizadas en 2021. «La Diputación no cumple la ley al abusar del silencio administrativo negativo y obligar a jugarse las costas de hasta 3.000 euros en procesos contenciosos a ciudadanos que quieren optar a puestos donde se ganan 700 euros al mes», afirma el portavoz del SOI en la Diputación, Fernando Ojeda, quien afirma que «estamos ante una falta de transparencia sin precedentes». Según este sindicato, «se han presentados decenas de recursos contra los procesos selectivos, tanto de alzada como de reposición, sin que la administración haya contestado a ninguno, en un claro desprecio a los reclamantes».
Además, Ojeda denuncia que mientras en la plantilla del 2023 existe una plaza de técnico de la administración general de ámbito jurídico para cubrir por 58.500 euros «no se provee porque se deriva el trabajo a un bufete privado que gana decenas de miles de euros con los pleitos que se generan en la entidad» y afirma que los procesos «se alargan en recursos innecesarios que supone un gasto adicional a los ciudadanos y una merma en la inversión en los pueblos».
Explicaciones. Desde el SOI aseguran que, en solo tres años, tiene estimadas «más de cien sentencias con un montante en indemnizaciones para el 2023 cercano al medio millón de euros» y ante esta situación del servicio piden explicaciones al vicepresidente primero de ña Diputación y responsable de Personal, Lorenzo Rodríguez.
«Debe explicar si la judicialización y la falta de acuerdos derivan en un interés que perjudica económicamente a la institución provincial», matiza Ojeda, quien también denuncia que «se han dado casos en los que los letrados que representan a la Diputación no han comparecido a juicio, lo que es una grave dejación de funciones», asevera, a la vez que insiste en que es necesario 'poner orden' en el departamento jurídico.