La llegada de los primeros fríos del otoño ha activado los planes de emergencia entre los vecinos de las cerca de 30.000 viviendas que dependen de una calefacción comunitaria en Burgos y provincia. Hasta cinco horas menos de calor al día con respecto al pasado invierno, radiadores al mínimo de temperatura durante todas ellas y acaloradas asambleas para intentar aminorar unos gastos de comunidad que se pueden disparar hasta un 300% para atender las facturas comunes de los próximos meses. Por el momento, aseguran los vecinos consultados, la morosidad es baja, aunque para muchos afectados les será muy difícil mantener tal volumen de gasto mensual durante mucho tiempo.

Aún faltan semanas para los días duros del invierno, pero la preocupación es muy alta en las comunidades vecinales, que se enfrentan a una circunstancia extrema que «nunca habíamos conocido», coinciden todos los consultados. Ucrania y Rusia quedaban muy lejos («en los telediarios»), pero cuando la última reunión de un bloque de 36 pisos se confirma que de los 37.000 euros que pagaban por la calefacción se van a pasar a los 107.000 (con el IVA reducido al 5%), la situación cambia y mucho.

Esto ha ocurrido en una comunidad de la calle Santa Clara tomada como referencia. En otro bloque de la calle Martín Antolínez con 14 viviendas y calor comunitario, se han pasado, en números redondos, de pagar 10.300 euros a los 28.200 del presente año, un 174% más y, para colmo, consumiendo menos gas. La derrama por vecino en los últimos meses superó los 900 euros. Los números barajados en el presupuesto de este invierno 2023 no invitan al optimismo y apuntan hasta los 45.600 euros.

El panorama que les han planteado en uno u otro bloque no es nada halagüeño: no hay previsión de tope en los precios del gas a corto plazo y es casi imposible encontrar una comercializadora alternativa que no ofrezca contratos con los precios también por las nubes.

El frío aún no aprieta, pero pronto se notará la diferencia de tener una programación de calor durante diez horas al día (por lo general, desde la 12 del mediodía -tras ventilar las habitaciones- hasta las 10 de la noche) a entre las 5 y las 7 horas previstas para este año, principalmente antes o después de comer y hasta la cena.

Las temperaturas tampoco serán las de antes, aunque en la mayoría de los acuerdos se faculta al presidente de la comunidad a subir el termostato general y a alargar los tiempos de caldera cuando aprieten las heladas. 

La vida en las viviendas -comentan los vecinos- se irá resumiendo a las estancias clave, con cierre de puertas de las habitaciones, más abrigo, más mantas y, muy ocasionalmente, una estufa eléctrica, aunque el abuso de esta puede hacer un descosido importante en otra factura que tampoco deja de dar sustos: la de la luz. Más que nunca se consultan los termómetros colgados en diferentes rincones del hogar.

Pruebas de calor. En la mayor comunidad vecinal de la provincia, la del polígono de Río Vena, con 706 propietarios repartidos entre 23 portales, no quieren tocar los 110 euros que se cobra por tener calefacción y agua caliente en cada casa. Es un 50% más de lo que se pagaba el pasado año y quizá sea insuficiente para afrontar con garantías lo que venga en 2023. «No queremos moverlo porque hay vecinos que están al límite», asegura el presidente de la comunidad, Jesús Molleda, quien tiene en mente a los muchos inquilinos que dependen de una pensión, en algunos casos muy baja. «Si no pueden pagar, el resto nos veremos obligados a pagarles su calefacción...».

A la espera de la asamblea general de enero, en la sede de la comunidad de Río Vena se están haciendo pruebas diarias de horarios y temperaturas desde el ordenador central que controla todo el sistema. «Hemos optado por analizar periódicamente las temperaturas de los vecinos de los primeros, los quintos y de los pisos más altos». 

Esta comunidad ofrece 9 horas de calefacción, aunque con temperaturas mínimas, que eviten que las viviendas se enfríen. «Estamos entre los 22,8 grados en los mejores casos y los 20,9 en los más bajos, en unos días -aclaro- en los que las temperaturas son aún suaves...».

El gasto total de esta gigantesca comunidad calentada con tres grandes calderas es de 126.000 euros, cifra que contrasta con lo que pagan bloques de viviendas mucho más pequeños y que visualiza las grandes diferencias (ineficiencias) que existen en este ámbito.

De los 110 euros al mes en Río Vena por vecino se pasan a los 280  o los 362 por vivienda en el centro de la ciudad, cuotas comunitarias previstas para 2023 a las que ya se les aplica la rebaja del IVA del gas del 21% al 5% aprobada recientemente por el Gobierno (hasta el 31 de diciembre de 2022). Son casi 3.000 euros al año para economías con un poder adquisitivo muy dañado por la inflación.

Las 36 viviendas de Santa Clara consumen 750.000 kilovatios/hora (Kw/h) al año, detalla Santiago González, vecino de la comunidad. «En marzo el Kw/h se pagaba a 0,032 euros y ahora alcanza los 0,13, lo que supone un 400% más. Una barbaridad que nos penaliza a las grandes comunidades». 

Urgencias. Si Río Vena fue una de las pioneras en el aislamiento de fachadas, lo que le redujo hasta un 30% la factura de calefacción en su día, ahora hay muchas comunidades que están planteando esta solución -subvencionada entre el 20% y el 80% del presupuesto- para mitigar futuras facturas energéticas. «Lo que hasta ahora no parecía necesario para muchos, ahora es urgente para todos», resumen.

Una gran mayoría también están atrapadas en el proceso de instalar contadores individuales para ajustar los gastos a los consumos reales de cada vivienda. En este proceso se acumulan muchos retrasos por los problemas para atender toda la demanda por parte de las empresas instaladoras, la falta de componentes electrónicos para los reguladores por vivienda (los repartidos de costes) y, en algunos casos, por la falta de acuerdo entre los propios vecinos.

También se están revisando por la vía de urgencia los contratos con las compañías suministradoras, un tema que antes no preocupaba tanto pero que ahora es crítico en la búsqueda de eficiencia. 

Una de las preocupaciones más escuchadas es la necesidad de la famosa TUR, la tarifa única regulada que solo ofrecen 4 operadoras y que permite ahorrar consumos de hasta el 40% a estas comunidades ahora ahogadas económicamente, aunque siempre y cuando cuenten con los contadores individuales de calefacción o repartidores de costes (antes del 30 de septiembre de 2023) y con una inspección técnica energética con resultado positivo.

«La crisis del gas nos ha mostrado con toda crudeza que tenemos unas instalaciones de calefacción obsoletas en nuestras casas y que muchas viviendas con algunos años de antigüedad (de los 70 y los 80) son constructivamente una chapuza», sentencia Santiago González, vecino de la comunidad de Santa Clara.