La oleada de críticas no impidió que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase hace casi diez años la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. Un texto que, según sus detractores, iba a reducir libertades, sobre todo en los derechos de reunión y manifestación. Sin embargo, en todos estos años la sanción más común, y de largo, ha sido la posesión o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública. Una infracción que, al menos en Burgos, permite al Estado ingresar más de un millón de euros al año. Las denuncias no han parado de crecer desde la entrada en vigor de la norma. 

Según la estadística publicada por el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pusieron el pasado año 1.699 multas por consumo o tenencia ilícita de drogas en vías, establecimientos o transporte público, así como el cultivo, aunque no esté destinado para la venta ilegal. En este último caso, que lo marca la cantidad aprehendida, se considera delito. Esta conducta, recogida en el artículo 36.16, está sancionada con multas de entre 601 y 30.000 euros, al ser considerada grave. 

Aunque supone un ligero descenso si se compara con los datos del año anterior, lo cierto es que las denuncias por esta infracción no han parado de crecer, especialmente desde el año previo a la pandemia, cuando se produjo el récord histórico. Desde entonces, la recaudación en multas ha superado cada ejercicio el millón de euros. En 2022, el montante fue de 1,34 millones de euros. 

La segunda infracción más común es la falta de respeto o desacato a la autoridad. El año pasado fueron 493, casi 200 menos que en 2021. Eso no quiere decir que haya habido menos, pues los cuerpos policiales han asegurado que cada año las agresiones a agentes se multiplican. La cuestión es que de un tiempo a esta parte son mucho más graves y terminan calificadas como delito. De hecho, las diligencias instruidas por Fiscalía se han duplicado en el último lustro. 

El actual Ejecutivo estuvo a punto de modificar esta ley, uno de los compromisos adquiridos por la coalición al principio de la legislatura, pero finalmente no hubo acuerdo entre los partidos. Durante la pandemia fue la única herramienta de los agentes para hacer cumplir el confinamiento.