Los meses de reuniones y negociaciones entre los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno para mejorar las condiciones de estos trabajadores públicos están a punto de saltar por los aires. Los sindicatos que agrupan a cerca de dos millares de empleados, más de una decena en la provincia de Burgos, han fijado ya un calendario de movilizaciones.
Estas desembocarán -si nada lo remedia- en una huelga indefinida a partir de la última semana de junio, lo que amenaza con colapsar aún más el ya de por sí saturado Departamento de Empleo del Gobierno. «Existe una necesidad muy importante de inspectores, hay vacantes por cumplir y mucho trabajo acumulado», defiende Marcos Citores, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Su sindicato, junto a UGT, CIG, SITSS, SISLASS y USESSS, ha anunciado el inicio de una serie de paros semanales en mayo.
Estas organizaciones denuncian que el acuerdo que suscribieron en el verano de 2021 junto al Ministerio de Trabajo no se ha llevado a efecto. El documento contempla, entre otras medidas, una reorganización de la estructura de la Inspección, la mejora de las condiciones laborales o el refuerzo del volumen de la plantilla.
En la provincia de Burgos, CCOO calcula que son más de 4 las vacantes que se deben cubrir. De detenerse en seco la labor de los inspectores, la resolución de cuestiones como los accidentes laborales o las denuncias, tanto a nivel individual como colectivo hacia una determinada empresa, se verán notablemente afectadas. Además, se paralizaría su acción inspectora. «A veces parece que son una figura que no vemos, pero llevan a cabo un trabajo muy arduo. Son vitales», sostiene Marcos Citores. Los sindicatos reclaman también la aplicación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado hace meses hasta diciembre de este 2023, pero que no se ha implementado a día de hoy.
800 personas más. En estos momentos la plantilla de la Inspección de Trabajo cuenta con alrededor de 2.000 inspectores y subinspectores. A estos hay que sumar unas 850 plazas de personal estructural. La intención del Ejecutivo, que rubricó con los representantes de los funcionarios, es sumar unos 800 individuos más para evitar irregularidades dentro del mercado de trabajo español.
De cumplirse con lo prometido por el Gobierno, se sumarían unos 800 funcionarios más para evitar irregularidades en el mercado laboral. Esta posible huelga se sumaría a las que emprendieron este 2023 primero los funcionarios de la Administración de Justicia y posteriormente los letrados. Está por ver qué decisión toman los jueces.