En un año electoral, la movilización de colectivos suele crecer considerablemente para aprovechar la coyuntura y conseguir mejoras sociales y salariales. Ha ocurrido en los últimos meses en la justicia, en la Sanidad, en sectores de la industria o en el campo. Por no olvidar la gran protesta convocada para dentro de un mes por la Plataforma Cívica por las Infraestructuras de Burgos, que pretende reivindicar a la provincia como un nudo logístico y empresarial ante el olvido del Estado. La calle bulle a escasas semanas de acudir a las urnas por primera vez este 2023, algo que contrasta con lo ocurrido el pasado ejercicio. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, fue el que menos manifestaciones registró de los últimos cinco, sin contar los peores tiempos de la pandemia.
Porque el mínimo casi histórico de 2020 estuvo condicionado por un confinamiento de más de tres meses y restricciones a partir del mes de marzo. De ahí que un año después se doblase el número de convocatorias de manifestaciones y concentraciones. Se contabilizaron 445, prácticamente las mismas que en 2019. Poniéndolo en su justo contexto, lo cierto es que se puede decir que fue un ejercicio bastante movido, pues el virus aún seguía en nuestras vidas y hasta junio hubo toque de queda.
El 2022 fue completamente diferente. Según la información facilitada por la Subdelegación, se notificaron un total de 334 protestas autorizadas, de las cuales 294 fueron concentraciones y 40 manifestaciones. Hubo dos que no se dieron de paso. Por meses, solo marzo se asemejó en número al de años anteriores, ya que se convocaron 62 movilizaciones.
Si tiramos de hemeroteca, esas fechas coinciden con protestas multitudinarias como las de la Limpieza, el transporte, el campo y algunas de Sanidad. Sin olvidar que se volvió a celebrar un 8-M tras lo ocurrido en 2020. Pero, al margen de estas movilizaciones en la calle, algunas de ellas con reivindicaciones ya solucionadas, el resto del año fue tranquilo, muy similar al del periodo justo posterior a la crisis financiera de hace una década.
Los datos se explican, en parte, porque muchos de los conflictos fueron sofocados con acuerdos y convenios. Un ejemplo es el mencionado conflicto del transporte. Fue casi un mes de lucha con paros de casi el 80% durante muchas jornadas y un evidente riesgo de desabastecimiento. Fue el incremento de gastos, especialmente en el carburante, lo que desencadenó la protesta, pero el consenso con el Gobierno evitó un problema social notable.
Algo parecido ocurrió con algunos sectores del comercio con la subida de precios de los materiales, de la construcción o de la limpieza. Sin olvidar el histórico acuerdo por las pensiones alcanzado a finales del pasado ejercicio. Negociaciones que a la postre desembocaron en apretones de mano que lograron desactivar la movilización social. O por lo menos aplazarla.