Tras finalizar las líneas de avales del ICO abiertas con motivo de la pandemia, el ente público lanzó una nueva iniciativa para tratar de amortiguar el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. En un primer momento las compañías se mostraron algo reticentes y apenas solicitaron unos centenares de millones dentro de una dotación económica prevista de casi 5.000.

El estancamiento del conflicto y las derivadas en materia de inflación, encarecimiento de costes, subida del precio de la energía o la falta de suministros han terminado por triunfar frente a la cautela inicial. Si el pasado enero se cerró con una financiación acumulada de 5,9 millones entre las firmas burgalesas, abril lo hizo con 17,1, un incremento de 11,2. Esta subida viene motivada por el recrudecimiento del balance financiero de numerosas firmas, especialmente las de un tamaño más reducido o sin empleados. Es más, aunque el plazo inicial para cerrar la línea de garantías concluía el 31 de diciembre, el Ejecutivo decidió prorrogarlo once meses más para ayudar a todo tipo de negocios. Por aquel entonces la aceptación entre el tejido productivo era más bien escasa, aunque ahora se ha multiplicado.

En la provincia de Burgos han sido 61 las empresas que han acudido al amparo del ICO, solicitando un aval de hasta 13,2 millones de euros. En total se han suscrito 69 operaciones. En Castilla y León el número de compañías que se ha encomendado al Instituto de Crédito Oficial sobrepasa las 400 -410 para ser más exactos- con un requerimiento de 69,1 millones que se ha traducido en una financiación de 88,9 millones. León y Valladolid son los territorios con más solicitudes (92 y 87 respectivamente) aunque las vallisoletanas se han quedado en 9,7 millones por los 28,3 de las leonesas. En el conjunto del territorio nacional, hasta el 30 de abril se han formalizado 11.660 operaciones, que han sido solicitadas por 10.486 empresas y autónomos. El importe de avales solicitados asciende a 1.550,7 millones de euros que han permitido movilizar recursos a través de nuevos préstamos y otras modalidades de financiación por 1.993,1 millones de euros. El 97% de las operaciones han sido suscritas por trabajadores autónomos y pymes.

Con cautela. La línea de avales ICO Ucrania está movilizando créditos a largo plazo principalmente: casi seis de cada diez acuerdos se han suscrito a más de 4 años, mientras que apenas un 4% se devolverán en 2024. Los sectores que más han recurrido a esta herramienta de apoyo pública han sido la construcción (tanto residencial como de infraestructuras), el turismo, ocio y cultura y las industrias productoras de bienes de equipo. Entre estas tres, sumando todas las provincias de España, han recibido financiación por un importe de 576,9 millones.

El estallido de la pandemia provocó una movilización insólita de créditos por parte de la banca con la garantía del Estado de por medio. Se llegaron a prestar más de 240.000 millones de euros, muchos de ellos están en pleno proceso de devolución. En la provincia de Burgos fueron 4.900 empresas las que llamaron a la puerta del ICO para tratar de navegar entre la tempestad desatada en marzo de 2020. Las más de 8.867 operaciones suscritas entre el ente público y las entidades financieras solicitaron 703 millones en avales al Estado.

En total se entregaron 901 millones a pymes, micropymes y autónomos de la provincia. Únicamente Valladolid, con 1.270 millones, recibió más que Burgos. Tres años después, y a pesar de las grandes incertidumbres económicas generadas por la pospandemia (inflación, crisis de suministros, crisis energética) y por el conflicto bélico en Ucrania la sensación, tanto en el empresariado local como en las entidades financieras colaboradoras con el ICO, es de relativa tranquilidad. Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos apuntaban a este periódico hace unos meses que cerca de la mitad de la deuda contraída ya se encontraba saldada.

Es más, la patronal y las entidades financieras no habían notificado muchas incidencias o dificultades a la hora de reintegrar a los bancos el dinero requerido en el momento más crudo de crisis sanitaria y económica.