El caso de Claudia, una joven asturiana de 20 años que se suicidó el pasado fin de semana en Gijón dejando una carta en la que denunciaba el bullying sufrido en su colegio por un grupo de compañeros, ha puesto otra vez el foco en el acoso escolar y en las medidas adoptadas por las diferentes comunidades autónomas para que la detección y las actuaciones sean efectivas y se dejen de producir situaciones como las que llevaron a Claudia a quitarse la vida. Ante la iniciativa realizada en Asturias para revisar los protocolos, Castilla y León aseguró que las medidas vigentes realizan un seguimiento al detalle de las situación de este tipo que se producen en el ámbito escolar, y recordó el refuerzo durante este curso de un centenar de coordinadores de convivencia en los centros.
Una figura valorada por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, pero que consideran insuficiente para luchar contra el acoso en las aulas y demandan más formación de los docentes, que el profesorado tenga más tiempo para dedicarse a estos asuntos y menos ratio por clase. Hay que recordar que los últimos datos publicados en el Observatorio de Convivencia Escolar de Castilla y León, referidos al curso 2021-2022, recogen 64 casos de acoso escolar y 75 de ciberacoso.
Según explicó a principios de esta semana la consejera de Educación, Rocío Lucas, el plan de la Junta pasa por «reforzar el número de trabajadores» que ayuden a prevenir esos casos, profesionales que en el caso de Secundaria son los técnicos de servicios a la comunidad y, en el caso de Primaria, los coordinadores de convivencia. Actualmente, según explicó, más de un centenar de docentes atienden esas situaciones en Castilla y León. Unas medidas que para los representantes de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación son todavía insuficientes para luchar contra el acoso en las aulas.
Elena Calderón, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León, recordó que dicho plan de coordinadores de convivencia se ha puesto en marcha con fondos europeos y «después de Semana Santa, cuando tenía que haber estado en septiembre». «Lo que ha ocurrido es que los orientadores han llegado a los centros y muchos directores no sabían ni cuáles eran sus funciones», apuntó Calderón, que consideró que ha sido «una organización horrible sin tener en cuenta el número de alumnos ni el tipo de centro al que acuden estos coordinadores».
«Lo primero que debe haber es formación para que los docentes sepan cómo actuar ante estos casos», incidió Elena Calderón. Una formación que también demandó Isabel Madruga, presidenta del Sector de Educación de CSIF de Castilla y León, que destacó que existe una falta de recursos para poder hacer frente a esta lacra. «Lo que pedimos es que realmente se refuercen las plantillas y no que el coordinador de convivencia sea el mismo que el de bienestar, así como un refuerzo en atención a la diversidad», añadió.
Para Pilar Gredilla, presidenta de Anpe Castilla y León, las claves para luchar contra el acoso escolar pasan porque el profesorado tenga más tiempo para detectar y actuar frente a estos casos, así como una reducción del número de alumnos por clase. «Es un tema que nos preocupa mucho porque cada vez comienzan antes y las redes sociales no las podemos controlar», aseguró, tras lo que pidió, como sus compañeras, más especialistas en los centros.