El juzgado de Instrucción de Aranda de Duero investigará si existió un delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de primera ocupación y de apertura de la plaza de toros de la villa. Actualmente y según explican los abogados del colectivo denunciante, la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros de Aranda, el asunto judicial se encuentra en fase de estudio para determinar si la adjudicación del coso por parte del Ayuntamiento a Toros Ricor reviste indicios de delito o no, y en su caso, ver quiénes serían las personas responsables. "En esta fase se practicarán unas diligencias de investigación y luego se decidirá si hay juicio oral o sobreseimiento", explican los demandantes.
En la plataforma ciudadana están convencidos de que sí hay delito. En este caso, la denuncia presentada apunta a una prevaricación urbanística que según el Código Penal se castiga con prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. En este punto, el abogado y miembro de la Plataforma, Óscar Bartolomé Fernández, matiza que ellos no van "contra nadie". "No hemos denunciado a quién ha sido, hemos denunciado los hechos", apostilla.
La plaza de toros de Aranda lleva generando polémicas en la ciudad desde su construcción. En la plataforma recuerdan que han iniciado varios procedimientos por la vía contencioso-administrativa y que el último desembocará en un juicio fijado para el 22 de enero. La alcaldesa de Aranda, Raquel González, y el concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, tendrán que ir a declarar por el mismo motivo de la investigación abierta: la concesión de la licencia de apertura del coso.
A pesar de la cercanía de dicha fecha, todas las miradas apuntan a la instrucción que determinará si existen o no delitos de prevaricación. Esta se ha abierto por la denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros de Aranda el pasado julio en la Fiscalía de Madrid. Esa demanda ha terminado en la investigación actual que se retrotrae seis años.
Óscar Bartolomé explica que los hechos denunciados son la concesión de la licencia a Toros Ricor en una Junta de Gobierno Local "extraordinaria y urgente" a la que "solo acudieron cuatro de los ocho miembros". Los representantes municipales que aprobaron la adjudicación fueron la actual alcaldesa, Raquel González, el hoy y entonces concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, y las exconcejalas Azucena Esteban y María Ángeles Marín. Según la Plataforma, esa concesión se efectuó "sin haber realizado la inspección técnica por parte de los empleados municipales y sin que hubiera finalizado la obra". "Además, había un informe jurídico que informaba de que para conceder la licencia tenían que estar terminadas las obras", apunta Óscar Bartolomé.