Cuando el PP y Vox tuvieron que sentarse a negociar tras las elecciones del pasado 28 de mayo para la conformación de un Gobierno de coalición, uno de los puntos que se puso sobre la mesa fue el de la política fiscal a aplicar durante los cuatro años de mandato. El partido liderado por el ahora vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, llegaba con grandes expectativas ya que en varias ocasiones durante la pasada legislatura elevó al Pleno propuestas para la eliminar el impuesto de Plusvalías, el cual consideraban manifiestamente injusto.

Entonces, y también después en la campaña electoral, prometieron rebajar el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal. Los populares también defendieron la necesidad de rebajar la presión fiscal pero, más conscientes de la realidad económica del Ayuntamiento, acudieron a las urnas con promesas más modestas como la de la gratuidad del autobús urbano para los mayores de 65 años o el incremento de bonificaciones en determinados tributos.

Tocaba encontrar un punto de encuentro entre los dos futuros socios, cuestión que no fue una tarea compleja, y en el documento a firmar para sellar el pacto de Gobierno se resolvió este apartado con una generalidad ya que únicamente se recogía el compromiso de «estudiar» el impacto de una posible rebaja de impuestos. Con esa tarea, el Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería se puso a trabajar y el equipo de Gobierno dispone ya de los resultados de ese análisis. 

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