El desmantelamiento del primer laboratorio de droga en Castilla y León abrió a los policías del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Burgos una nueva vía de investigación de narcotráfico. Un pase de droga protagonizado por una pareja entonces desconocida fue el inicio de una operación denominada 'Míster Proper' y que culminó con la detención de cuatro personas y la aprehensión de dos kilos y medio de sulfato de anfetamina y más de mil gramos de cannabis. Todos ellos se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de un delito de tráfico de sustancias. Tras pactar con el Ministerio Fiscal, lograron una rebaja de la pena inicialmente solicitada. Tres de ellos se librarán de las rejas.
La operación 'Mister Proper' fue una especie de ramificación de la llamada 'Chiruca', que acabó con el desmantelamiento de un laboratorio de sustancias en Miranda de Ebro. El líder de esa organización se reunió en Santander con una pareja que por aquel entonces no pudo ser identificada por la Policía Nacional. Investigaciones posteriores permitieron la identificación de esos dos sospechosos como A.R.G. y S.M.P., quienes no dudaban en utilizar a su propio hijo para pasar desapercibidos en los intercambios, según las pesquisas recabadas en su día por la Policía.
Según el relato de la Fiscalía, seguimientos posteriores revelaron cómo esta pareja realizaba un pase de droga en la terraza de un establecimiento del barrio de Villímar. También vieron a A.R.G. entrar en la casa de su hermano, J.L.R.G., también acusado de tráfico, con una mochila mientras adoptaba precauciones para no ser visto.
El 9 de mayo de 2022, efectivos policiales detuvieron a los dos principales sospechosos en las inmediaciones del Hospital Universitario cuando llevaban en su vehículo varios paquetes con cerca de dos kilos y medio de sulfato de anfetamina. Horas después, registraron sus domicilios, donde hallaron en total más de 1.000 gramos de cannabis y derivados, así como material para el pesaje y el envasado para su posterior venta.
Los paquetes intervenidos en el vehículo los recogieron de una vivienda del barrio de Fuentecillas propiedad de L.G.C., la cual, según las investigaciones policiales, era quien se encargaba de guardar parte de su mercancía. Por último, registraron el piso de J.L.R.G., donde aprehendieron más de cien gramos de cocaína y también resina de cannabis. Con estos hechos, el Ministerio Público pedía para ellos penas de entre tres y ocho años de prisión por tráfico de estupefacientes, así como multas que alcanzaban los 130.000 euros.
Todos ellos lograron una rebaja ostensible de las penas a las que se enfrentaban tras pactar con la acusación pública. Aceptaron los hechos relatados en el escrito de acusación, si bien la calificación se modificó para dos de los procesados, J.L.R.G. y L.G.C., los cuales pasaron a tener una responsabilidad de cómplices y no de autores, como en un principio recogía el relato. Por su parte, se acordó que S.M.P. conocía la venta de estupefacientes, pero no participaba en ella.
Así pues, el juez fijó para A.R.G. una pena de seis años y multa de 46.000 euros (pedían ocho); para S.M.P., a la que le solicitaban seis años, su pena quedó en tres, al igual que para J.L.R.G., quien se enfrentaba a cuatro y medio. Por su parte, L.G.C. pactó un año y seis meses. Estos tres últimos no ingresarán en la cárcel al suspenderse la condena.