Lo que no pudo solucionar el Ayuntamiento por la vía administrativa, tampoco tras buscar la mediación del Consejo Consultivo de Castilla y León, lo ha tenido que enmendar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Burgos. La Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Clece y Selectia podrá cobrar al fin alrededor de 300.000 euros por los gastos que tuvo que soportar durante el primer estado de alarma, momento en que fue obligada a cerrar las escuelas infantiles municipales. La sentencia obliga al Consistorio capitalino a abonar esta deuda que se arrastra desde hace más de dos años y abre la vía a resolver un problema muy similar con las empresas que gestionan los centros cívicos.

Cabe recordar que la UTE que se encargaba de la gestión de las guarderías municipales al inicio de la pandemia se vio forzada en marzo de 2020 a cerrar las instalaciones y se encontró con que la autoridad laboral le negó la activación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que sí admitió para prácticamente todos los sectores que, de una u otra manera, se vieron afectados por la pandemia. En teoría, el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19 tenía como vocación proteger a los empleados de empresas con un contrato formalizado con la administración. Sin embargo, en este caso concreto el compromiso había ya expirado, aunque se mantenía el vínculo entre las partes con lo que se conoce como una continuidad en la prestación del servicio. Explicado de forma sencilla, la fórmula que tiene un ayuntamiento, en este caso el de Burgos, para obligar a que se siga gestionando la instalación hasta que se vuelve a adjudicar mediante un nuevo concurso.

Dicho de otra manera, Clece y Selectia tuvieron que soportar con sus propios recursos el pago íntegro de los costes salariales y se topó con que el Ayuntamiento no supo encontrar la fórmula para que la UTE no se viera perjudicada. Se intentó mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial, con otro de responsabilidad contractual... Porque lo cierto es que el Consistorio ha reconocido siempre que debía de pagar, como así lo acreditan diversos informes técnicos, pero lo cierto es que no ha sabido cómo hacerlo.

Estimación parcial. La sentencia da la razón a la UTE en lo sustancia de la misma, pero no 'compra' todas sus reclamaciones ya que entiende que es necesario descontar algunas cantidades. Así, por ejemplo, no admite la cantidad que trata de percibir por la póliza de seguro, los reconocimientos médicos o los relativos a consumos de agua, luz, gas, electricidad o mantenimiento de patios ya que «no están dentro de los conceptos delimitados por la norma» que, por otro lado, sí permite liberar a la empresas de los costes salariales de la plantilla. Eso sí, solo del periodo en el que se aplicó el estado de alarma.