Las dos instituciones comparten el objetivo de defender y velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como supervisar la actividad de las administraciones públicas. Se trata del Defensor del Pueblo y del Procurador del Común de Castilla y León, cuyo cargo ostentan Ángel Gabilondo y Tomás Quintana, respectivamente, y los dos han recibido por escrito las quejas de las familias burgalesas con niños de dos años escolarizados en colegios al tener que volver a concurrir al proceso de admisión para acceder a primero de segundo ciclo de Infantil, lo que hace que su plaza no esté garantizada en el centro al que acuden este curso. 

La cuestión planteada ante estos dos órganos ha sido la misma, aunque no su respuesta, lo que no ha evitado la sorpresa por parte de los recurrentes. El Defensor del Pueblo apoya a los padres, mientras que el Procurador del Común respalda la postura de la Junta en defensa del procedimiento, esgrimiendo en ambos casos argumentos para justificar sus respuestas basados en distintas normativas.

En el caso de Ángel Gabilondo, recomienda a la Consejería de Educación que «se faciliten las oportunas instrucciones para garantizar la continuidad al alumnado que cursa primer ciclo de Infantil en centros que imparten el segundo», teniendo en cuenta la Orden de 2019 por la que se regula el acceso en Castilla y León. Se detiene en un artículo concreto, el referido a la determinación de plazas vacantes, en el que «exige tener en cuenta, entre otros, el siguiente aspecto: la prioridad del alumnado para continuar en el mismo centro hasta finalizar las enseñanzas obligatorias», con lo que entiende que los afectados «no quedan obligados a participar en el proceso de admisión». Además, agrega que esta circunstancia «no puede resultar discriminatoria al quedar reducido el número de plazas» disponibles.

Este, pero en sentido contrario, es el argumento que la Junta dio a las familias y que también recoge el Procurador del Común a la hora de cerrar la resolución al entender que «no se evidencia incumplimiento normativo». En su caso, Quintana alude primero a la modificación de la disposición adicional de otra Orden, la del 26 de enero de este mismo año, en la que se elimina esa garantía de continuidad, además de a un Decreto de 2018 en el que, aunque sí que se contempla este aspecto, considera que «responde a una situación en la que todavía no estaba prevista la oferta gratuita de plazas» en esa etapa.

Respalda la justificación de la Consejería en la ampliación de la gratuidad el próximo curso a las aulas de 1-2 años al considerar que, de no pasar otra vez por el procedimiento de admisión, «se perjudicaría a los escolares que acceden por primera vez al sistema educativo» en el segundo ciclo al no «poder optar en igualdad de condiciones al conjunto de plazas». Concluye que las quejas de las familias son una «mera discrepancia» con decisiones administrativas.