La Junta y los agentes sociales y económicos han logrado superar sus diferencias y consensuar la política de empleo de la Comunidad para los próximos años. Tras varias semanas, incluso meses, de tira y afloja entre la Consejería de Empleo y los sindicatos, que habían demorado la firma de dos acuerdos clave en el programa laboral autonómico, ambas partes cerraron ayer el acuerdo del plan de empleo de Castilla y León de este año, que estará dotado con casi 300 millones de euros entre fondos propios, estatales y europeos, y la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024. Unos documentos que apuntalan el arco de bóveda de la política laboral de la Junta y sus relaciones con los agentes económicos y sociales de la Comunidad de los próximos 4 años. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ratificará la semana que viene con CCOO, UGT y CEOE los acuerdos cerrados ayer durante la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, que estuvo presidida por la consejera de Empleo, Carlota Amigo.
La propuesta del pasado jueves de la propia Amigo de complementar las ayudas a los ERTE –condición sine qua non de los sindicatos para firmar– con tres millones de euros excedentes de la anterior convocatoria para trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo, sirvió para desbloquear finalmente un acuerdo que llevaba semanas encallado y que reabrió antiguas heridas en el seno del Diálogo Social. Todo ello a pesar de que los propios sindicatos habían cifrado en casi diez millones de euros la cuantía necesaria para esta partida, con la que pretendían poder cubrir a entre 22.000 y 25.000 trabajadores afectados por la segunda y tercera ola de la pandemia, aunque finalmente aceptaron la última propuesta de la Consejería, más de tres veces inferior a su planteamiento inicial.
Según informó la Junta en un comunicado estos documentos son «fruto de un intenso proceso de negociación» que se inició a finales del pasado año entre la Junta y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad con el fin de consensuar las políticas sociales y de empleo que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en toda Castilla y León.
La consejera de Empleo e Industria quiso agradecer el «importante» esfuerzo realizado por quienes han participado en las distintas mesas de negociación, dedicando cientos de horas de trabajo y voluntad de acuerdo. «Un esfuerzo compartido tanto por los representantes de los agentes económicos y sociales como por los técnicos y representantes de las distintas consejerías y que demuestra el dinamismo del Diálogo Social en Castilla y León», añadió.
Políticas transversales
Los acuerdos recogen las políticas sectoriales y también transversales que pretende llevar a cabo la Junta para revertir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, ayudando a las personas más vulnerables, recuperando el nivel de empleo que existía con anterioridad a la crisis sanitaria y contribuyendo a la transformación económica y social que se está gestando a causa de la digitalización y la transición ecológica, de manera que se convierta en un instrumento de cohesión territorial y social.
La elaboración de estos documentos, así como el desarrollo de las medidas acordadas en ellos con los agentes sociales y económicos del Diálogo Social, cuentan con la coordinación de las cuatro consejerías con competencias para implementar los distintos programas: Economía y Hacienda, Empleo e Industria, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades.
106 medidas y casi 300 millones para este año
La reunión de ayer también sirvió para terminar de consensuar el plan de empleo de Castilla y León para este año, que contará con 106 medidas para las que se prevé una inversión superior a los 292 millones.Este documento marcará las pautas de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León para el presente ejercicio, estableciendo tanto las distintas líneas de actuación como sus objetivos y su dotación presupuestaria. El plan incluye las iniciativas que se llevarán a cabo para favorecer el sostenimiento y la creación de empleo, mejorar la formación y cualificación profesional de trabajadores y desempleados, avanzar en seguridad y salud laboral y fomentar la igualdad de oportunidades y la conciliación en el empleo. Dentro del plan se han consensuado un total de 106 medidas para las que se prevé una inversión superior a los 292 millones de euros durante este ejercicio, lo que supone un incremento presupuestario «sin precedentes» que incluye fondos autónomos, fondos finalistas del Estado y Fondo Social Europeo. El Plan se estructura en ocho ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento, mejora del marco institucional, protección de trabajadores y empresas en crisis, y prevención y salud laboral. Se incluyen además actuaciones de las distintas consejerías. Economía y Hacienda gestionará programas por valor de diez millones de euros; Empleo e Industria invertirá en este plan 263,6 millones; los programas de Familia e Igualdad de Oportunidades suman 14,6 millones de euros y Educación invertirá 4,5 millones.