La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de comicios generales anticipados, solo dos días después de la celebración de municipales y autonómicas, puso en marcha el cronómetro en la carrera electoral hacia el 23-J. Pero no solo eso, también paró el reloj del Gobierno; el de la XIV legislatura. Fue 1.234 días después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomara posesión, el 12 de enero de 2020, tras la cita con las urnas de noviembre de 2019.
Este primer Gabinete de coalición en España fue una unión que la oposición pronto rebautizó como Frankestein, por la diversidad de fuerzas que aglutinaba, aunque tenía dos cabezas visibles: PSOE y Unidas Podemos. Una alianza que, marcada por las tensiones constantes entre los ministros de sus diferentes colores, logró permanecer gracias al apoyo de otros socios, miembros del llamado bloque de investidura.
El presidente suele repetir en sus mítines que a este Gobierno no se lo han puesto fácil, con una pandemia, que sometió al mundo a una nueva realidad sin precedentes; un volcán, que arrasó parte de la isla de la Palma; y una guerra a las puertas de Europa, que provocó una crisis de inflación que elevó la cesta de la compra por encima de las posibilidades de miles de españoles.
Pese a ello, Sánchez defiende que fue una legislatura de conquistas de derechos sin precedentes, con una reforma laboral, una subida del salario mínimo, una reforma de las pensiones o avances sociales como la leyes de eutanasia, vivienda o Memoria Democrática.
Sin embargo, todos estos logros de los que alardea el Ejecutivo nacieron envueltos en un ruido político ensordecedor. Y el estruendo afectó, además, no solo a estas medidas, sino también a otras que finalmente se quedarán en el tintero. Más de 60 leyes decayeron con la disolución de las Cortes al convocarse por anticipado las elecciones generales, muchos anuncios electorales que no sirvieron para mantener los grandes feudos socialistas tras el 28-M.
El Gobierno logró aprobar, en minoría parlamentaria, tres Presupuestos y dos paquetes anticrisis en negociaciones agónicas con socios difíciles como ERC o Bildu, que se afanaron en tensar la cuerda al bipartito en beneficio de sus intereses. La respuesta del Gabinete fue, en una y otra crisis, levantar escudos de protección para paliar el impacto para las familias y las empresas. De los ERTE, las ayudas, los avales ICO, las medidas para vulnerables de la pandemia, a los grandes paquetes contra el impacto económico de la guerra y la inflación, con rebajas de impuestos, topes a los precios y ayudas directas para frenar las subidas de luz, gas y carburantes, así como medidas específicas para contener el encarecimiento de los alimentos. Soluciones, algunas, alejadas de la contención o la ortodoxia económica, senda por la que pide ya volver Europa.
Con estos mimbres, un barrido de cámara para recoger la actividad parlamentaria desde 2020 hasta hoy da mareo. Sánchez ha ejecutado cinco remodelaciones de su Consejo de Ministros, la de mayor calado en julio de 2021. El Ejecutivo ha convivido en un bipartito inédito en España, que en la recta final se convirtió en tripartito por la ruptura de Unidas Podemos y Yolanda Díaz.
Mención aparte merece la crisis por la reforma de la Ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas a agresores sexuales. Quizá sea este el capítulo más doloroso de la legislatura, el que más daño ha hecho a una coalición que parecía entrenada para la lucha ante cada asunto de la agenda social puesto sobre la mesa. La agónica división del feminismo, por la Ley Trans, se cobró también un alto precio, y dejó claro que socialistas y morados chocaban en puntos básicos.
Cataluña y Poder Judicial
Con el argumento de que Sánchez quería «restablecer la convivencia en Cataluña», adoptó decisiones muy criticadas, desde los indultos a los condenados del procés hasta la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación. Pese a ello, ERC siguió porfiando con el Gobierno con escándalos como el espionaje del CNI a los independentistas en el caso Pegasus.
Otro de los temas clave de la legislatura fue la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la crisis institucional sin precedentes por el bloqueo del Constitucional a la reforma del Código Penal. Ambas situaciones pusieron a prueba los resortes del Estado, y acentuaron la división política que marcó la legislatura.