El vídeo de la paliza que recibió un policía de paisano en un autobús de Zaragoza ha dado la vuelta a España y ha puesto el foco sobre la violencia que sufren los agentes de la autoridad no solo cuando no están de servicio sino, sobre todo, cuando están desarrollando su trabajo diario, en especial en labores de seguridad ciudadana. La percepción general entre los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que la violencia contra ellos ha crecido se ve ya confirmada por las cifras. Hace unas semanas una respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria ha revelado que el número de agresiones que padecen policías y guardias civiles va en aumento. Y en Burgos, especialmente.

Los números en esta provincia son de preocupar porque mientras en 2015 se registraron 55 ataques a miembros de la Comisaría -Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro- en el pasado ejercicio se alcanzaron las 80, lo que representa un aumento porcentual del 45%. Y en 2019 se produjeron 89. Resulta curioso e inquietante observar que en los dos años de pandemia, con confinamientos férreos y limitación del movimiento de personas durante meses, es cuando más agresiones se están contabilizando. En el caso de los guardias civiles se ha pasado de seis en 2015 a 13 en 2020 -más del doble- con un pico en 2019 de 15 ataques, según la misma contestación.

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