Cándido Conde-Pumpido se convirtió ayer en el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras superar por un estrecho margen de diferencia -6 votos frente a 5- a la también magistrada progresista María Luisa Balaguer, que no tiró la toalla en ningún momento y que contó con el respaldo del ala conservadora. El que fuera fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno tiene ante sí la ardua tarea de desbloquear en los próximos dos años y medio el más de centenar de recursos que hay sobre la mesa del Constitucional, entre los que destacan el presentado en 2010 por el PP a la ley del aborto, el que versa sobre la obligatoriedad de que el 25 por ciento de las clases en Cataluña se impartan en castellano, el de la ley Celáa, la norma que regula la eutanasia o el de la votación de la reforma laboral, que salió adelante por un solo voto tras el error del diputado del PP Alberto Casero, al que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no permitió rectificarlo después de forma presencial. La vicepresidencia será para Inmaculada Montalbán, cuya designación rompe con la tendencia y la regla no escrita de los últimos años de que los dos primeros espadas del Tribunal de Garantías fueran de distintos bloques ideológicos, lo que algunos consideran una declaración de intenciones del Ejecutivo, que ha aplicado 'el rodillo' en la elección.

No pocas eran las voces que creían que la posible elección de Conde-Pumpido iba a servir para continuar con la línea del Gobierno de coalición con respecto a los independentistas de ERC, con dádivas y concesiones. Sin embargo, el sustituto de Pedro González Trevijano dejó claro en su primera intervención en el Pleno que la Constitución no permite «ni la secesión ni la autodeterminación», ya que establece la indisoluble unidad de España; un claro aviso para Aragonès, Junqueras, Rufián y demás dirigentes que han abogado en los últimos meses por la celebración de un referéndum cuyo objetivo último es la independencia. Conde-Pumpido se refirió al artículo 2 de la Carta Magna y expresó su deseo de que el tribunal busque un equilibrio para proteger la pluralidad de las autonomías dentro del ámbito territorial y siempre respetando lo que marca la Constitución. 

El reto del nuevo presidente, que se comprometió a modernizar el órgano con la adopción de nuevas medidas como la celebración de vistas públicas, es enorme, porque deberá dar también respuesta a los recursos presentados contra algunas de las medidas estrella del Ejecutivo de coalición, como la reforma del Consejo del General del Poder Judicial o las penales que han eliminado el delito de sedición y han rebajado el de malversación.