«Todo lo que hace el Ministerio de Consumo son salvas al sol»

GUILLERMO ARCE
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Después de 38 años al frente de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y 28 años como secretario de la Junta Arbitral de Consumo, Luis Morcillo se jubila el próximo martes 28 de junio.

Tras 38 años al frente de la OMIC, Luis Morcillo se jubila el martes 28 de junio. - Foto: Patricia

El 28 de junio pone fin a 38 años al frente de la OMIC, institución pionera que ayudó a crear el 19 de abril de 1995 al calor de la Ley General de Defensa de los Consumidores, que ubicó en el edificio de las cocheras de la Clínica Vara en el 96, que reforzó hace 28 años con la implantación de la Junta Arbitral de Consumo (JAC) y que hoy es un referente a nivel nacional. Los número son claros: 720.000 ciudadanos atendidos, 58.000 reclamaciones, 450.000 consultas, 13.000 laudos arbitrales, más de 200.000 alumnos en los 26 años que duró el Aula de Consumo y más de 1.600 entrevistas, programas de radio y televisión.   

Luis Morcillo arrancó su aventura en el mundo del consumo con José María Peña San Martín al frente del Ayuntamiento y ha trabajado con cinco alcaldes más y doce concejales del ramo, «que siempre apoyaron incondicionalmente nuestra gestión». «He sido muy feliz realizando mi trabajo. Ha sido vocacional, casi personal. Esto es como un hijo mío porque empezamos de cero y hoy somos un referente. Es muy gratificante ayudar a tantos burgaleses a resolver sus problemas diarios derivados del consumo». 

¿Qué se lleva de casi cuatro décadas de trabajo?

Me siendo muy orgulloso por el trabajo realizado. Me voy con la satisfacción del deber cumplido, aunque con nostalgia, pues la OMIC y la JAC son algo que siento muy dentro. Hemos logrado el respaldo de los consumidores y también del tejido empresarial, que confía en nuestra independencia e imparcialidad en las resoluciones. 

¿Cómo empezó todo?

Yo trabajaba en el Ayuntamiento cuando se crean por ley las OMIC. Estábamos superando la crisis ocasionada por el aceite de colza desnaturalizado y aquel desastre sanitario propició las primeras leyes que recogían los derechos básicos de los consumidores. Antes del 84 no había nada. La OMIC se creó para asesorar, informar, atender consultas y reclamaciones de los ciudadanos y las empresas, aunque no sabíamos qué iba a ser exactamente. Yo me encargué de poner en marcha la oficina en el Ayuntamiento, en mayo del 84, en un despacho con dos mesas y un auxiliar y sin legislación de ningún tipo. No había cultura en materia de consumo. Yo empecé a hacer tarea de divulgación desde Radio Castilla, Diario de Burgos, Antena 3, Onda Cero y Radio 5. Abrimos oficinas en los mercados de abastos (Norte, Sur y G-9) y en el Laboratorio Municipal para acercar la OMIC a las ama de casa.

¿Recuerda las primeras reclamaciones?

Sanitarias y alimentarias, vinculadas al aceite de la colza. Nuestro primer caso fue con las Tintorerías Iris, por el deterioro y desaparición de prendas que se llevaban a limpiar. Luego seguimos con los talleres de reparación de automóviles y de electrodomésticos, donde no había presupuestos previos ni garantía alguna. Los seguros de decesos, el cobro ilegal del canon de los contadores de Gas de Burgos (que acabó ganándose en los tribunales), las empresas de reparaciones urgentes (el caso Teleurge), las tuberías de hierro galvanizado en las viviendas, las empresas de revisión domiciliaria de gas butano, los cotillones de Navidad sin regulación, la operativa fallida de Air León en Villafría... Recuerdo la estafa piramidal del Fórum Filatélico, que afectó a muchos burgaleses; la de Afinsa, las cláusulas suelo, las preferentes, las acciones del Popular, la telefonía móvil...

Y la pandemia...

Que provocó una suspensión masiva de contratos y servicios. Nosotros seguimos atendiendo a los consumidores desde nuestras casas. Fueron miles de reclamaciones y consultas. La Administración a veces funciona bien. Aquí trabajamos 8 personas entre la OMIC y la JAC para atender unas 22.000 consultas y 1.900 reclamaciones al año. Es un esfuerzo constante de renovación y actualización de conocimientos. Yo me he mantenido en plena actualidad toda mi vida para atender las urgencias de la gente. Esto no se acaba nunca, aquí todos los días entra trabajo. Estoy muy orgulloso de mi equipo, que ha entendido su trabajo como una vocación.

¿De dónde viene lo de ubicar la OMIC en las cocheras de la Clínica Vara?

Yo lo vi en Valencia, que tiene su sede en una casita en un parque. Pensé en este parque y en este edificio, céntrico, agradable y ajeno al Ayuntamiento, lo que refuerza su imagen de independencia de la Administración. La Junta Arbitral, que también tiene su sede aquí, debe trasladar una imagen de absoluta imparcialidad para la resolución de las reclamaciones. Hemos conseguido la confianza del ciudadano como servicio de excelencia y hemos conseguido que el tejido empresarial confíe en nosotros. Tenemos 3.274 empresas adheridas en la ciudad, lo que demuestran que confían en nosotros. Tanto OMIC como la JAC prestan servicios gratuitos. La Junta Arbitral de Burgos, regida por abogados externos, es hoy la primera de España en cuanto a volumen de actividad y de subvención que nos otorga este Ministerio de acuerdo a esta actividad.

¿Qué ha echado en falta?

Más colaboración e implicación del Estado y la Junta de Castilla y León. El arbitraje es una competencia estatal. La JAC nace de un acuerdo entre Estado, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Burgos. Nosotros hemos tirado de ella, el Estado no ha colaborado nada. Si creas un sistema arbitral que es de adhesión y sometimiento voluntario, tendrás que incentivar a las empresas para que se adhieran, por ejemplo, con rebajas fiscales. No es así, el Estado trata igual al empresario que resuelve las reclamaciones de sus clientes por un sistema público que al que no quiere saber nada de nosotros. Tampoco pone dinero para el sostenimiento de las JAC, un millón de euros para toda España [100.000 euros para Burgos]. Ni hay un registro único de empresas adheridas que se pueda consultar por cualquier ciudadano. Y cada vez las empresas son más globales... También hemos propuesto que, ya que no incentiva la adhesión de las empresas, que el sometimiento al sistema arbitral de consumo sea obligatorio salvo que la empresa manifieste lo contrario antes de contratar y hasta una cantidad de dinero. Eso ya se hace en el ámbito del transporte, pero no en el consumo. Habría una adhesión masiva si lo recogiese la ley. El Ministerio de Consumo ni nos ha contestado a esta petición. Nos sentimos abandonados por ellos.

Tampoco ha hecho mucho en materia de telefonía, uno de sus grandes caballos de batalla.

Se están permitiendo abusos constantes. De qué sirve estar resolviendo miles de reclamaciones diarias en todas las juntas arbitrales sobre hechos que, simplemente modificando la normativa, se acabarían. Tienen que ver los problemas reales y cambiar el sector. Todo lo que está haciendo el Ministerio de Consumo son salvas al sol.

¿Y qué tiene que decir de la Junta?

Tuvimos un convenio firmado desde 1995 por el cual cofinanciaba nuestras actividades de sensibilización y de captación de empresas. En 2011 se paralizó ese convenio y así sigue en 2022. Tampoco ha dejado claro y definido en la ley, el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, que la defensa de los consumidores es una competencia propia de los ayuntamientos. Esta indefinición cerró dos OMIC, la de Valladolid y la de Palencia...

¿Ve futuro a la OMIC?

El mundo del consumo necesita estos servicios, que deben ser reforzados, incentivando la adhesión empresarial. El arbitraje es el futuro, pero tiene que haber sensibilidad y apoyo por parte de las administraciones.

¿Ya tiene relevo?

No y llevo dos años proponiendo la reestructuración de la OMIC. Me jubilo el día 28. El Ayuntamiento quiere que esto continúe. Yo cierro un capítulo y me dedicaré a otras cosas. La verdad, me da mucha pena. Agradezco el apoyo incondicional que me han prestado alcaldes y concejales, a las asociaciones de consumidores y empresariales, a la Inspección de Consumo de la Junta, a la Agencia Estatal de Consumo, a la UBU y a los medios de comunicación. Un especial reconocimiento a mis compañeros, todos ellos excelentes personas e inmejorables profesionales; reconocimiento que hago extensible a los árbitros locales, que participan y ponen lo mejor de su profesionalidad y conocimiento jurídico y técnico para resolver lo más justamente posible cada expediente en los que intervienen. A todos, muchas gracias.