La desmesurada subida de los precios que desde hace ya muchos meses afecta a alimentos de primera necesidad y a suministros imprescindibles como la luz está teniendo un impacto no solo en las familias, las empresas y las administraciones. Las entidades del tercer sector también están viviendo, y en la medida de sus posibilidades enfrentando, una inflación no vista desde hace casi 40 años para seguir ayudando a las personas que dependen de ellas. Es el caso de Cáritas, la de mayor volumen en Burgos que ofrece ayudas directas a las personas que no pueden comprar comida, pagar el alquiler o la hipoteca. Su secretario general, Ignacio Ruiz Gutiérrez, ha cifrado en un 20% el incremento con respecto a 2021 de la factura de lo que supone este desembolso.
Cáritas no solo da productos básicos de alimentación e higiene y paga facturas de agua, luz, alquiler o hipotecas a quienes acreditan una necesidad sino que dedica una buena parte de sus ingresos propios a otros gastos que para muchas familias son ahora inasumibles pero que no pueden dejar de hacerse, como los relacionados con la salud . El año pasado, por ejemplo, entregó 484 de estas ayudas por un importe de 24.700 euros (la mayor parte para medicamentos pero también para gafas, audífonos y resolución de problemas dentales) y en el primer semestre de 2022 la cifra ya llegaba a los 11.500.
Ruiz Gutiérrez -que precisa que el 67% de los fondos de Cáritas son recursos propios y algo más del 32%, procedentes de las administraciones- explica que hasta ahora han podido hacer frente a la subida de precios de estos meses gracias a las reservas de fondos propios y a una gestión austera implantada desde 2018: «Contamos con fondos para afrontar estas circunstancias porque el año pasado terminamos con excedente gracias a varias herencias que se legaron, algo que no ocurre todos los años y que, por supuesto, no es previsible, pero desde luego que la situación sí ha afectado a nuestra capacidad de gasto y lógicamente hay incertidumbre con respecto a cómo irán las cosas próximamente».
En este sentido, tanto él como la responsable del área de Acción Social, María Gutiérrez, explican que no se sabe aún cómo afectará a los socios y donantes que la entidad tiene -que son parte importantísima de su sostén económico, el año pasado sus aportaciones supusieron casi el 37% de todos sus ingresos- y que «siempre están a la altura de las circunstancias» pero que también están tocados, como todo el mundo, por el alza de los precios y, además, al principio de este año se volcaron en ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania.
Gutiérrez añade que aunque «la economía aún resiste», que sí que han notado la creación de puestos de trabajo y que ha habido otras medidas gubernamentales positivas como que las empleadas de hogar tengan derecho a paro, después de que llevaran décadas exigiéndolo, las personas con dificultades económicas «siempre lo tienen peor». Se refiere, por ejemplo, a que la mayoría de las familias que dependen de Cáritas tienen unos salarios «muy justos e insuficientes incluso con contratos a tiempo completo» y a que hay otros factores que han complicado la situación, además del conflicto bélico y la inflación.
Uno de ellos es el que tiene que ver con los nuevos movimientos migratorios que a esta trabajadora social con muchos años de experiencia le recuerdan singularmente a los que hubo en los primeros años dos mil con la diferencia, dice, de que ahora llegan familias enteras y no mujeres u hombres solos como ocurría entonces y que después de asentarse traían al resto de los parientes: «No solo han llegado muchas personas de Ucrania sino que cada vez son más las procedentes de Georgia, Siria, Afganistán, Venezuela o Colombia, gente que huye de las guerras pero también de situaciones de violencia social y política insostenibles».
Con todo, Gutiérrez afirma que la situación en Burgos es comparativamente mejor que en el resto de las provincias de la comunidad, lo que tiene que ver con la «magnífica coordinación» que hay entre el Ayuntamiento y otras entidades no gubernamentales: «Aquí los ceas responden y, por ejemplo, no niegan, como ocurre en otras partes, ayudas a personas que tengan su situación administrativa irregular y eso es una gran ventaja».