El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo de gestión compartida, correspondiendo a la Dirección General de Catastro la 'catastral' que conlleva la elaboración del padrón cobratorio y a los ayuntamientos, o diputaciones por delegación, como es el caso de esta provincia, la 'tributaria'.
Hasta hace dos años, como la información y el padrón catastral no estaban actualizados, y los expedientes de los ayuntamiento tampoco, a las juntas vecinales o pedanías no se las giraban recibos para el cobro del IBI, de naturaleza urbana y rústica, por sus bienes propios, pero ya el año pasado comenzó a cambiar la situación y el servicio de Recaudación de la Diputación ya puso el foco en las entidades locales menores y en la actualización del padrón de este impuesto de carácter municipal.
El año pasado solo se vieron afectadas unas setenta juntas vecinales, pero este año se ha generalizado la emisión de recibos a unas 600 pedanías burgalesas. Son cientos de recibos, en Recaudación no tiene la cifra exacta ni tampoco el importe global, aunque manifiestan que se tratan de pequeñas cantidades, que pueden oscilar entre los dos y los cien euros, ya que corresponden a pequeñas propiedades con poco valor catastral en la mayor parte de los casos. La emisión de estos recibos no solo ha pillado por sorpresa a las pedanías sino también a la mayor parte de los ayuntamientos que no tenían conocimiento de que se estaba tramitado este impuesto a sus juntas vecinales y se han encontrado con unos ingresos por ese concepto en sus cuentas corrientes.
La casi totalidad de los municipios de la provincia tienen delegado el cobró de todos los impuestos y tasas en la institución provincial, en su servicio de Recaudación, que se queda con un porcentaje del 3-4 por ciento por encargarse de la emisión de los recibos y de la gestión de su cobro.
El responsable político de este servicio, el diputado provincial de Hacienda, David Colinas, al tener conocimiento de las quejas de algunas entidades locales menores por el cobro del IBI, cuando creían que estaban exentas, y porque nadie les ha comunicado que a partir de este año tenían que comenzar a pagar este impuesto, declara que «se está cumpliendo la ley». Además, Colinas recuerda que es un impuesto que tienen que pagar y apela al buen entendimiento entre el ayuntamiento y las pedanías para que este impuesto no sea una carga para la entidad local menor.
El dinero recaudado por el IBI a las pedanías va a parar a las arcas del municipio y aunque se trata de cantidades muy pequeñas, lo lógico, matiza el responsable de Hacienda, es que ese dinero vuelva a la junta vecinal «porque no tiene mucho sentido cobrarse a si mismo». Ante la posibilidad de que alguna entidad decida llevar el asunto a los tribunales, Colinas afirma que existen numerosas sentencias en otras provincias que avalan este cobro e insiste en que se trata de cumplir la ley e insiste en que esta medida fiscal no tiene «un afán recaudatorio» porque son pequeñas cantidades. Además, manifiesta que en algunos casos la emisión de estos recibos ha sido bien recibida por algunas junta vecinales que han visto de esta forma reafirmada su propiedad sobre algunos inmuebles y despejadas las dudas que existían, «en este caso están contentas», asegura Colinas.
Desde la Diputación recuerda que las dudas sobre la procedencia o no del cobro de estos recibos es porque en el caso de los ayuntamientos, que son los que elaboran el padrón de urbana, no se pasan a sí mismos los recibos del IBI, se dan de baja por confusión, «pero las pedanías son otra administración, que incluso tienen su propio código de identificación fiscal (CIF), diferente al del municipio». Desde la institución provincial insisten en que hasta ahora no estaban bien hecho los expedientes de este impuesto e incluso en algún caso se retiraban recibos de las pedanías por similitud y se daban de baja. Ahora, se han revisado todos y el padrón del IBI que se ha puesto al cobro es el remitido por la DirecciónGeneral del Catastro, que considera que esos inmuebles y fincas rústicas están sujetas a pagar el IBI.
Sin exenciones. Algunos alcaldes y grupo políticos, como por ejemplo el socialista en la Diputación, han solicitado que se exima o bonifique a las pedanías este impuesto, una cuestión que, en principio, descartan desde el equipo de gobierno de la Diputación, ya que no tienen potestad para hacerlo, declara Colina, quien apela a un entendimiento entre las juntas vecinales y el propio municipio.
Lo que sí recuerdan desde el Servicio de Recaudación es que en el caso de que algún inmueble sobre los que se están girando los recibos se encontrase en los supuestos contemplados para la exención del IBI, los interesados deben solicitar la misma a la propia Diputación.