El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos ha trasladado a las partes la aclaración a la sentencia sobre las retribuciones que percibió Ángel Guerra, diputado y presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia (Sodebur), y ratifica que éste tendrá que devolver a la Diputación las cantidades que percibió en concepto de retribuciones, equiparables a las de un vicepresidente de la Corporación provincial, durante tres años, sin que las mismas se sometieran a la aprobación del Pleno; un requisito imprescindible para el abono de esas cantidades.
Desde el PSOE, su secretario provincial y portavoz en la Diputación del Grupo Socialista, José María Jiménez, estima que la cantidad que Ángel Guerra deberá devolver a la institución, una vez que la sentencia sea firme, rondará los 80.000 euros, es decir todo lo cobrado a excepción del mes que va desde el 8 de mayo del 2008 al 5 de junio del mismo año, por las tareas de constitución de Sodebur.
En la aclaración, el magistrado señala que Guerra tiene derecho al cobro de indemnizaciones conforme al régimen establecido para los vicepresidentes desde el 8 de mayo de 2008 al 5 de junio del mismo año. «El resto de indemnizaciones que hubiera podido cobrar (el juez desconoce si las cobró o no, ni la cuantía) deberá devolverlas, como digo si las cobró», señala el magistrado en la aclaración.
Documentación
En el auto de aclaración, solicitado tanto por los servicios jurídicos de la Diputación como por el Grupo Socialista, que fue el denunciante, el magistrado establece que, una vez sea firme la sentencia, «es la Diputación la que, tras recabar los documentos y certificados oportunos en el servicio de Tesorería, ordenará la devolución de esas cantidades o, si en dicho certificado consta que no cobró cantidad alguna más allá de aquellas que los dos apartados del acuerdo de 9 de julio de 2010 le permiten o que no cobró cantidad alguna, la Diputación deberá entender ejecutada la sentencia».
Jiménez, tras conocer el auto del titular del Juzgado, declaró que el mismo pone de manifiesto que el PSOE «tenía razón en su denuncia y que efectivamente, salvo un mes, todo lo demás debe ser devuelto» y expresó su deseo de que el equipo de gobierno de la Diputación no recurra la sentencia.
Sin dudas
«Jurídicamente no hay ya ninguna duda de que los sueldos no pueden fijarse con efecto retroactivo ni sin un acuerdo de Pleno, y por eso todo lo que sea recurrir la sentencia va a significar un mayor coste para la institución que, desde luego, no podemos avalar», declaró Jiménez, a la vez que apuntó que ahora lo que tiene que hacer la Diputación «es recabar al señor Guerra las cantidades que cobró injustamente, a mayores, y que el PSOE estima en unos 80.000 euros». Esta cantidad es la diferencia entre lo que cobró como vicepresidente y lo que le hubiera correspondido como diputado por dietas de asistencia a comisiones, plenos, etc.
Además, el portavoz del Grupo Socialista manifestó que exigirá responsabilidades al equipo de gobierno del PP, ya que entiende que «engañó y ocultó la verdad sobre las retribuciones de Guerra de forma deliberada, pese a las reiteradas preguntas, advertencias y solicitudes de información, incluso en sesiones plenarias, por parte de esta formación al respecto».
Jiménez reiteró que el PSOE interpuso esta demanda, que la Justicia ha avalado, «dentro de una labor de oposición responsable» y aconseja al PP «que no vuelva a poner en cuestión su preocupación por el adecuado funcionamiento de la Institución, si no quiere volver a ponerse en evidencia, como en esta ocasión». Finalmente, el portavoz socialista reiteró que «no es una cuestión contra el señor Guerra, es una cuestión defendiendo la transparencia y honestidad en la vida pública. Que nadie vea una persecución».
Silencio hasta hoy
El equipo de gobierno de la Corporación provincial no quiso realizar ningún comentario sobre la aclaración a la espera de que los servicios jurídicos de la casa la analicen de forma pormenorizada y emitan un informe, que será estudiado en la Junta de Gobierno que se celebra hoy y en la que, previsiblemente, se tomará el acuerdo de presentar un recurso contra esta resolución judicial.