Desde 2002 el uso del amianto está prohibido en España. Sin embargo, antes de esa fecha, sobre todo entre las décadas de 1970 y 1990, se utilizó con mucha asiduidad por todo Europa en la construcción tanto industrial doméstica. Y Miranda no fue una excepción. De hecho, la Concejalía de Urbanismo y Servicios, dirigida por Guillermo Ubieto, está analizando el censo de edificios realizado para detectar la presencia de este material cancerígeno en la ciudad y, según consta en ese documento, hay más de 720 tejados afectados.
Ese informe saca a la luz que, en todo el municipio, las cubiertas con amianto se extienden por una superficie de unos 210.000 metros cuadrados. Conforme se especifica en el censo, que fue realizado a través de un sinfín de técnicas como la recopilación de ortofotos o de imágenes espectrales, los bloques se encuentran repartidos por toda la ciudad. Eso sí, hay zonas en las que la presencia del material cancerígeno destaca por encima del resto. En ese grupo se encuentran los inmuebles del poblado de Ence, donde se han llegado a contabilizar en torno a 120 casos. Otros lugares, como el polígono de Bayas o Las Matillas, acumulan aproximadamente 25, mientras que en puntos como Las Californias o el área de la calle Eras de San Juan el dato es mucho más reducido.
La inmensa mayoría de las propiedades afectadas pertenecen a particulares. Es más, la porción de bloques municipales resulta muy pequeña. Según figura en el censo que maneja la Concejalía de Urbanismo y Servicios, hay únicamente 2.579 metros cuadrados de tejados que dependan directamente del Ayuntamiento y se reparten a lo largo de apenas seis inmuebles. Así, ni siquiera el 1,25% de la superficie de cubiertas que contienen este material en Miranda está en manos de la administración local.
El bloque más voluminoso de los que dependen del Ayuntamiento se encuentra en la calle Eras de San Juan. Se trata de una lonja que normalmente utilizan las brigadas de Servicios y, entre dos tejados, suma unos 1.600 metros cuadrados. En segundo lugar se halla un pabellón municipal situado en el polígono de Bayas, con 615 metros cuadrados de techo.
El tercero, en cambio, cuenta con características muy distintas. Es el centro de día de Aspodemi, a la altura de Fuentecaliente, donde la asociación de personas con discapacidad intelectual trabaja, entre otras cosas, con su vivero de flores y plantas. El tejado de ese último edificio se extiende por unos 187 metros cuadrados, lo cual le distancia bastante de los bloques municipales más pequeños, como un par que están junto al CEPA Real Aquende y una lonja en el poblado de Los Ángeles, que ni llegan a los 100 metros cuadrados.
Las administraciones públicas, conforme dicta la ley aprobada en 2022, deben retirar el amianto de sus edificios antes de acabar el año 2028. Aún queda mucho tiempo, pero el departamento de Urbanismo y Servicios de Miranda ya está dando los primeros pasos. «Una vez que tenemos los datos rigurosos, y tenemos localizadas las cubiertas en las que existe fibrocemento, tenemos una herramienta con la que ponernos a trabajar y sabemos dónde intervenir», explica Ubieto. «Además, contamos con un cronograma ajustado de los trabajos. Son entre 7 y 9 meses desde que se inicie el proceso», añade.
En este sentido, el edil adelanta que durante el curso 2024 buscarán financiación externa con la que acometer las intervenciones. Ahora bien, el Ayuntamiento también se preocupará por los propietarios individuales. «Es obvio que no se puede hacer de una atacada todo, pero debemos actuar progresivamente para sustituir esas cubiertas, por una cuestión de salud. Debemos consultar si hay programas de financiación para particulares, porque esto puede suponer un desembolso importante a las economías familiares y también a las empresas, porque hay muchas que son de industria», aclara Ubieto.