El clima y el territorio español ofrecen una amplia diversidad de medios en los que trabajar la tierra. Y como consecuencia, la cantidad de cultivos que se pueden encontrar es enorme, mucho mayor que en otros países de la Unión Europea, donde el clima limita mucho las posibilidades. Por eso el Plan Estratégico de la PAC contempla ciertas flexibilidades pensadas para que las exigencias de la Política Agraria Común no mermen la capacidad productiva de los agricultores españoles. Flexibilidades que deben ser aplicadas por las comunidades autónomas.

En ese contexto, el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, solicitó este lunes a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas que basen las flexibilidades de determinados requisitos de la PAC en un análisis detallado de las condiciones climáticas de su territorio, para evitar posteriores correcciones financieras de la Comisión Europea (CE) que afecten a sus agricultores y ganaderos. En una carta enviada a todos los titulares de los departamentos regionales de Agricultura, Planas recordó que el Plan Estratégico de la PAC 2023-27 es fruto de «la gran diversidad» del territorio español y del clima, que condicionan la agricultura y la ganadería de España y permiten que existan «diversos modelos de producción y una extraordinaria riqueza de cultivos y producciones ganaderas».

Precisamente «con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad», remarcó el ministro, «el Plan Estratégico recoge ocho prácticas posibles para optar a las ayudas de los eco-regímenes, adaptadas a los distintos usos del suelo». Además, señaló que la normativa de desarrollo del plan «prevé diferentes flexibilidades para tener en cuenta las situaciones que puedan darse en las distintas zonas de España». Así, citó como ejemplos que los requisitos de los eco-regímenes pueden variar en función de si un pasto es húmedo o mediterráneo; o de si una tierra de cultivo es de secano o regadío, y se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas, en función de las condiciones climáticas, puedan ajustar diferentes parámetros, como la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho, entre otros.

Luis Planas subrayó en la misiva que «esta potestad de las comunidades autónomas es necesaria, a la vista de las grandes diferencias de condiciones climáticas en nuestro país, que dificultan la toma de decisiones a nivel nacional que satisfagan las necesidades de todo el territorio». Pero al mismo tiempo apeló al «conocimiento cercano y profundo de la realidad» sectorial y del territorio de los máximos responsables de las comunidades autónomas para que la decisión de aplicar «una o varias de las flexibilidades previstas en la normativa» se haga con «responsabilidad» y se evite de esta manera que la decisión que adopten «pueda conllevar correcciones financieras» para la comunidad autónoma por parte de las autoridades europeas.

Análisis.

«A la hora de adoptar una decisión» es «importante» que se haga en base a un «análisis detallado de las condiciones climáticas» de la comunidad autónoma, con información detallada sobre si la situación es uniforme en todo el territorio o afecta del mismo modo a todas las producciones. El objetivo es «delimitar, de forma clara, las zonas en las que es necesario aplicar estas flexibilidades», sin que supongan un desvío en el cumplimiento de los objetivos medioambientales recogidos en el Plan Estratégico, «que serán fiscalizados por la Comisión Europea», recalcó el Ministro.

Por ello, recomendó a las comunidades autónomas que empleen indicadores objetivos en los informes en los que amparen sus decisiones, los cuales deben quedar a disposición de los procedimientos de fiscalización del gasto, particularmente «importantes por tratarse de fondos comunitarios». A este respecto, ha recordado que las consecuencias financieras que pudieran derivarse del recurso indebido a las flexibilidades deberán ser asumidas por la comunidad autónoma. «Los agricultores y ganaderos deben contar con la estabilidad necesaria a la hora de tomar decisiones», señaló el ministro, puesto que las flexibilidades son «ajustes puntuales a lo largo del periodo» de aplicación de la PAC y deben adoptarse con «responsabilidad».

Las exigencias medioambientales de la Unión Europea para con los agricultores y ganaderos aumentan campaña tras campaña y el valor de los eco-regímenes constituye casi una cuarta parte del total de las ayudas que llegan de Europa. Por ello es importante que esas exigencias se cumplan. Si las autoridades comunitarias consideran que una comunidad autónoma está contraviniendo las obligaciones de protección del medio al dar margen a agricultores y ganaderos con esos requisitos para que puedan mantener su producción cabe la posibilidad de que esas ayudas provenientes de los eco-regímenes mermen o desaparezcan, con el consiguiente perjuicio para los productores.