La lucha para hacer frente al cambio climático y proteger el medio ambiente es necesaria. Los efectos del calentamiento ya se hacen notar y la UE se muestra sensible a esta amenaza. Prueba de ello son las políticas que está poniendo en marcha en esa materia, aunque algunas de ellas llevan tiempo siendo cuestionadas por el sector productor, desde dentro de los órganos de gestión de la UE e incluso ahora también por algunos de los estados miembros.
Alexander de Croo es el primer ministro belga y se ha mostrado favorable a hacer una «pausa» en la legislación climática europea, al igual que Francia, en un momento en el que aumentan las voces en la Unión Europea que reclaman a Bruselas que pise el freno. «En algún momento tienes que tomar una decisión. ¿Es hora de hacer todo al mismo tiempo?», se preguntó el primer ministro belga.
De Croo, que se alinea así con el presidente francés, Emmanuel Macron, cree que continuar produciendo nueva legislación climática en la Unión Europea supondría una «sobrecarga» que podría poner en riesgo al campo y hacer descarrilar la agenda verde. «Es por eso que pido que pulsemos la pausa. No nos excedamos con cosas que, estrictamente hablando, no tienen nada que ver con el calentamiento global. Estos otros temas también son importantes, pero deben ser más escalonados en el tiempo», ha agregado el jefe del Gobierno de Bélgica, en referencia a una polémica ley sobre restauración de la biodiversidad en trámite legislativo en la UE.
Incluso desde España ya se escuchan voces oficiales en esa dirección. Según el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ante la ONU y la Organización Mundial del Comercio (OMC), Javier Sierra, el sistema agrícola necesita «válvulas de escape» para responder a los retos del Pacto Verde Europeo, que incrementa las exigencias ambientales. Según Sierra, «es necesario facilitar válvulas de escape al sistema agrícola europeo para que pueda asumir todo lo que supone el Pacto Verde europeo, sobre todo aplicando mucha transferencia de conocimiento y abrazando nuevas tecnologías, que supondrán ahorros de costes y se estarán más alineadas con el principio de sostenibilidad».
Unión de Uniones tiene una manera de ver las cosas bastante similar. Ante la reunión de esta semana de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de reducir el uso de fitosanitarios un 50% para 2030 y se apoyaron unos estándares más estrictos para las explotaciones ganaderas en la directiva de emisiones industriales, la organización censura la obcecación en acometer el Pacto Verde, del que se derivan estas medidas, pese a que perjudicaría a los agricultores y no es determinante frente al cambio climático si se sigue permitiendo la entrada de toda clase de productos foráneos en la UE.
Unión de Uniones considera inevitable poner en marcha actuaciones encaminadas a paliar el avance del cambio climático, también en la agricultura y la ganadería, pero critica que éstas sean a costa del trabajo de los productores europeos y se contemplen medidas aisladas estrictamente a nivel de la UE sin tener en cuenta el contexto mundial. La organización recuerda que el Pacto Verde europeo se presentó en diciembre de 2019. «Mantener la misma hoja de ruta como si en estos últimos años nada hubiera sucedido en el mundo -o incluso ir más allá, tal y como representa la propuesta debatida en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo- es una irresponsabilidad y atenta contra el propio modelo productivo que queremos conservar», consideran.
El COPA y la COGECA, representantes de millones de familias agricultoras y cooperativas en la UE, han acogido con satisfacción la decisión valiente y juiciosa de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (COMAGRI) de rechazar por amplia mayoría la propuesta de Ley de Restauración de la Biodiversidad presentada por la Comisión Europea. A medida que la proposición de esta norma avanzaba en los distintos Comités del Parlamento Europeo, se venía observando con alarma cómo se iba alejando cada vez más de la racionalidad y de la realidad que se vive sobre el terreno.
Sin embargo no están tan complacidos con otros asuntos. La Directiva de Emisiones Industriales (DEI) divide al Parlamento Europeo, lo que puede perjudicar a la comunidad ganadera de la Unión Europea. Mientras que la Comisión de Agricultura comprendió las dramáticas consecuencias de ampliar el ámbito de aplicación de la DEI, la Comisión de Medio Ambiente ha votado esta semana una proposición que no mostraba ninguna consideración hacia las realidades ganaderas a pie de granja en la Unión Europea. Esta división de la cámara preocupa especialmente al COPA-COGECA de cara al pleno de junio, temiendo incluso que el Parlamento Europeo dé la espalda a la ganadería europea como ha hecho la Comisión.
La Comisión Europea propuso hace meses ampliar el ámbito de aplicación de la DEI en la ganadería a las explotaciones de ganado vacuno y rebajar los umbrales para el sector porcino y avícola con más de 150 UGM. A finales de abril, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votó en contra de dicha propuesta y se posicionó a favor de que las normas solo se apliquen a las explotaciones de aves y cerdos con más de 750 UGM, que es la norma tal y como está ahora, aunque sí que apoyó que se ampliara al vacuno, que actualmente está exento de cumplirla.
Opiniones contrarias.
El viraje de la UE hacia políticas más verdes en el ámbito agroalimentario viene levantando ampollas en el sector desde hace ya tiempo, principalmente por dos razones: implica reducir los rendimientos sensiblemente y no es de aplicación a las importaciones de terceros países. Es decir, se externaliza un trabajo que en Europa no se quiere ver, pero sí se acepta consumir. Y la toma de posición de De Croo llega en un momento en el que también en el seno de la Unión Europea se debate si conviene ralentizar la agenda verde o si es necesario seguir legislando para cumplir con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y construir una economía más sostenible.
Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde, el socialdemócrata neerlandés Frans Timmermans, reiteró en una comparecencia en la Eurocámara que biodiversidad y lucha climática van de la mano, pues el calentamiento global y sus efectos derivados representan «la mayor amenaza para la seguridad alimentaria y, por tanto, también para la subsistencia» de los agricultores. «No tenemos tiempo para retrasar la acción», dijo Timmermans ante la comisión de Agricultura de la Eurocámara, instancia que el martes se pronunció en contra de la Ley de Restauración de la Biodiversidad.
Unión de Uniones, por contra, ha recordado que las producciones agrarias y ganaderas europeas son de las más eficientes climáticamente a nivel mundial y las más exigentes desde todos los puntos de vista. Por tanto, ha añadido la organización, en el previsible contexto de crecimiento del consumo mundial de alimentos no tendría sentido limitar la producción o dejar de producir determinados alimentos en la UE, ya que simplemente se trasladaría la huella medioambiental y de otras prácticas no sostenibles a otros países menos eficientes productivamente, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de la UE que, por otro lado, tanto se quiere defender. «No vale decir que vamos a reducir el uso de pesticidas para combatir el cambio climático y a la vez importar alimentos que están a miles de kilómetros de distancia que han usado esos mismos pesticidas y con dudosa garantía de los derechos laborales», han comentado.
Unión de Uniones ha señalado también que al querer desmantelar unilateralmente las herramientas para proteger la sanidad de los cultivos o ganaderías, con la eliminación de materias activas o de productos veterinarios, se está poniendo en riesgo la capacidad exportadora agroalimentaria en la UE. «Ya se han dado casos de bloquear en frontera la entrada de productos europeos en algunos países terceros por el riesgo de plagas que no han podido ser convenientemente tratadas al no disponer de productos adecuados».
Para la organización, el impacto de la pandemia, de la guerra en Ucrania y ahora la aguda sequía deben llevar a pensar a los mandatarios nacionales y europeos que es necesaria una moratoria en los objetivos marcados por el Pacto Verde y sus estrategias, entre ellas 'De la Granja a la Mesa' o 'Biodiversidad', con el fin de no socavar la seguridad alimentaria y la viabilidad de las explotaciones agrícolas de la UE.
En la misma dirección, COPA-COGECA señala que, de cara al futuro, la Comisión de Medio Ambiente debe tener más en consideración los mensajes enviados por la Comisión de Agricultura. Una buena Ley de Restauración de la Biodiversidad no puede diseñarse sin el claro compromiso de los agricultores. «Como representantes de los agricultores y de las cooperativas agrarias europeos no podemos aceptar una propuesta del Parlamento sobre este texto a menos que se introduzcan cambios radicales en su redacción. En consecuencia, damos las gracias a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por seguir respetando y representando a la comunidad agraria y su papel en nuestra sociedad, que no ha sido suficientemente reconocido en la elaboración del informe general», ha afirmado la organización agraria europea.
En cuanto a la aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales a la ganadería, otro asunto que trae en vilo al campo, COPA-COGECA ha lamentado que Comisión de Medio Ambiente ignorara el proyecto de dictamen de la Comisión de Agricultura. Votó a favor de umbrales muy bajos: se consideraron 200 UGM para cerdos y aves de corral, 300 UGM para bovinos (a menos que sean extensivos) y 250 UGM para explotaciones mixtas, a menos que un tipo de animal esté a 25 UGM o menos. En otras palabras, una de cada dos explotaciones porcinas y avícolas de Europa se incluiría en el ámbito de aplicación de esta revisión, añadiendo así cargas adicionales a los agricultores. Un aspecto positivo, destaca la organización, es que se incluye una cláusula de reciprocidad para los productos importados, aunque de momento no se ha explicado cómo funcionaría en la práctica.
Retraso en la regulación de la edición genética.
El Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen ha retrasado la presentación de varias iniciativas medioambientales, como una propuesta para la reducción de microplásticos u otra para regular las plantas producidas con nuevas técnicas genómicas. Esta última reviste gran interés para los profesionales del campo, pues gracias a ella podría ser posible autorizar el uso de semillas y plantas obtenidas mediante edición genética -que no es lo mismo que transgénicas-, lo cual supondría una potente arma para hacer frente a los problemas que plantea el cambio climático a la agricultura y la ganadería. Variedades más resistentes a la sequía, a las altas temperaturas o a las heladas, fenómenos que se están volviendo más extremos, se podrían conseguir mediante esa técnica de manera mucho más rápida y barata que con la selección tradicional. Pero este retraso, unido a las elecciones europeas del año que viene, implica que la resolución de este asunto se va a demorar irremediablemente al menos año y medio.