Los últimos okupas que quedaban en el edificio de la calle Francisco Cantera han abandonado los pisos por su propia voluntad, por lo que se pone fin a un problema de insalubridad y seguridad, ya que el inmueble ha sufrido una notable degradación, motivo por el que la administración local tuvo que intervenir. 

El Ayuntamiento contaba ya con la orden de desalojo, pero antes de ejecutarla se ofreció a las personas que aún residían en las viviendas una última oportunidad de que las abandonaran. Después de los requerimientos anteriores, la mayor parte de los okupas se habían ido marchando del bloque, pero aún quedaban dos pisos que se negaban a salir. En uno vivía un matrimonio mientras que en el otro era una familia. Finalmente todos han optado por hacerlo antes en los siete días previos a que se cumpliera la orden judicia,l como han podido comprobar los técnicos y agentes que han tenido que revisar el inmueble y levantar acta. 

El edificio ya se encuentra totalmente vacío y la entrada ha sido tapiada para evitar que se repita la misma situación en un futuro. Antes de cerrarlo, la empresa propietaria del mismo ha tenido que asumir una limpieza completa del interior, donde se acumulaban «desde montañas de basura hasta neveras con comida en descomposición o colchones viejos», asegura la concejala de Urbanismo, Soraya Solórzano, quien recuerda que el compromiso adquirido con los vecinos más afectados ya se ha cumplido pero que aun así se mantendrá cierta vigilancia durante los próximos meses. 

El número 2 de Francisco Cantera, ubicado casi enfrente de la sede del Mirandés y muy próximo al parque Antonio Machado, fue el primero de los okupados en el centro urbano. Después se han registrado episodios similares en la calle La Estación, en Dos de Mayo y hasta en el barrio de Bardauri, lugares en los que aún permanecen familias residiendo de forma ilegal. Sin embargo este era un caso excepcional debido a que el mal estado de las viviendas y los problemas de convivencia generadosobligaron al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto. 

La administración local no tiene competencia para desalojar, sino que en este tipo de procedimientos deben ser los propietarios de las viviendas los que denuncien ante los tribunales. Sin embargo, Urbanismo sí puede dictaminar si un edificio reúne condiciones de habitabilidad, y el informe de los técnicos municipales dejaba claro que existía un problema de salubridad, por el vertido de aguas residuales al patio interior, así como riesgo de incendio ya que los pisos estaban enganchados de forma precaria e ilegal a la red eléctrica. 

Aunque se intentó que la responsabilidad la asumiera el dueño del edificio, al tratarse de una empresa en concurso de acreedores, el Ayuntamiento decidió mover ficha para agilizar los trámites. Los pisos llevan años abandonados pero en la parte baja funcionan locales comerciales que urgían una solución. La mayor parte de los okupas abandonaron poco a poco con los primeros requerimientos, pero algunos se mostraron siempre reacios a salir por su propia voluntad. Ahora no les ha quedado más remedio ya que la orden de desalojo era inminente.