Los exconcejales socialistas del Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, Yolanda Álvarez y Marcos López Peña, así como los actuales ediles, también del PSOE, Juan Carlos López Fernández y Moisés Fernández Peña, junto con el secretario municipal, Enrique Rodríguez, y la esposa e hijo del Alfonso Pérez de Andújar, el empresario hasta ahora único investigado junto con la alcaldesa, María del Carmen Saiz, por el cierre de caminos públicos que transcurren por la finca perteneciente a la firma Fuentehumorera S.L. declararán el próximo día 21 en el Juzgado Número 1 de Villarcayo como investigados (antes imputados) por el caso de los caminos de Rioseco.
La querella interpuesta por la exedil del PP, Margarita Pérez Herrero, acumula así un periplo judicial de cinco años, que estuvo a punto de cerrarse en enero de 2015, hace ahora un año, cuando el Juzgado de Villarcayo archivó provisionalmente la causa. La parte denunciante recurrió y la Audiencia Provincial atendió este recurso obligando el pasado otoño a reabrir el caso y continuar con las diligencias, una postura que también defendió en todo momento la Fiscalía, pero que fue desoída por el Juzgado de Villarcayo.
En la providencia del juez, además de citar a declarar a los nuevos investigados, de tal modo que la causa suma ya un total de nueve, solicita documentación al Arzobispado de Burgos, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Diputación Provincial. Siguiendo con el planteamiento de la acusación y la Fiscalía, el Juzgado reclama al Arzobispado que aporte justificación documental sobre la ermita de San Tirso y la iglesia románica de San Román en el antiguo pueblo abandonado de Fuentehumorera, ahora dentro de la finca vallada, y que «justifique si se ha concedido algún tipo de autorización para su cierre a favor de la sociedad Fuentehumorera S.L.». Asimismo, reclama a la Confederación que exponga «la situación legal en la que se encuentran los ríos y arroyos que transitan por el interior del recinto vallado por la mercantil» y que se «justifique si se ha concedido algún tipo de autorización para su cierre».
El Juzgado también se ha dirigido a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León, con el fin de que expongan «lo conveniente sobre la situación legal de los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren en los terrenos cercados».
Mientras, el Ayuntamiento del Valle de Manzanedo inició en 2012 un expediente de permuta de las 5,2 hectáreas pertenecientes a 21 caminos públicos ubicados dentro de la finca, así como de las redes de saneamiento, abastecimiento y otras infraestructuras públicas. Dio a todo ello un valor de 28.611 euros y su intención era aceptar a cambio terrenos rústicos por el mismo valor en Peñalba de Manzanedo, pero el proceso fue paralizado en 2013 por la Junta de Castilla y León, que lo calificó de ilegal.
No obstante, tanto la exedil del PP en sus recursos, como la Fiscalía, entienden que este tiempo «no se han puesto los medios para evitar la situación de ocupación de los bienes públicos.