Maritxell Batet renuncia a su escaño y abandona la política.

Sale por la puerta grande después de haber dado al PSC uno de los mejores resultados de su historia con ella como cabeza de la lista de Barcelona en las pasadas elecciones, y sale también con un comunicado correcto de tono -agradecimiento a Pedro Sánchez- y falto absoluto de entusiasmo.

Los fanáticos del presidente de gobierno podrán decir lo que quieran sobre la decisión de Batet, que desvinculan de la polémica sobre la amnistía que exigen los independentistas, pero es muy evidente que la aceptación de Pedro Sánchez está directamente relacionada con la dimisión de la expresidenta del Congreso. Era público además que tanto Junts como ERC eran reticentes a su reelección y preferían una presidenta más acomodaticia a sus intereses, como ocurre con Francina Armengol.

Batet sí mantiene sus líneas rojas. Al igual que ocurre con Sánchez y con miembros del gobierno de Sánchez, en la hemeroteca hay docenas de declaraciones suyas expresando su rechazo absoluto a la amnistía, que considera inconstitucional; pero si al presidente de gobierno no le importa la lealtad a su palabra y el engaño sistemático a sus votantes, Maritxel Batet ha dado a entender, con su dimisión, que ella sí es fiel a sus principios.

Con un ingrediente añadido a su dimisión que es imposible soslayar. Su pareja desde hace años, Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, también hizo en tiempos declaraciones contrarias al chantaje independentista. Hoy es miembro del Tribunal Constitucional, nombramiento que fue muy cuestionado porque formaba parte del gobierno contra el que se han presentado varios recursos ante el Alto Tribunal. Acertaron los pronósticos: en las últimas semanas el TC ha decidido siempre a favor del gobierno gracias a la mayoría llamada progresista.

Hoy su obligada independencia está en cuestión, y paralelamente se ve a la Fiscalía General como brazo ejecutor de los intereses de gobierno. Enfrentados ambos organismos a la judicatura y sobre todo al Tribunal Supremo, contrario a la amnistía como también fue contrario a los indultos, lo que no tuvo en cuenta el gobierno a pesar de que era el tribunal que había condenado a los encausados.

Este jueves, apertura del Año Judicial, en los discursos no hubo pronunciamiento sobre la polémica que impregna la vida política y judicial. Quién más se acercó a la inquietud generalizada fue el presidente del CGPJ y del Supremo, Marín Castán, que abogó por no erosionar la independencia judicial, porque en ese caso se pone en riesgo "La democracia y el Estado de Derecho".

La expresidenta del Congreso de los Diputados abandona la política. Primera víctima entre los socialistas que no ven por ninguna parte la constitucionalidad de la amnistía. Parece lógico interpretar que su renuncia significa que no renuncia a sus principios, aunque se guarda de pronunciar palabra contra el presidente de gobierno y líder del PSOE.