La Junta de Castilla y León va a tener que pagar una indemnización por lo que los tribunales consideran una mala intervención quirúrgica realizada en el Hospital de los Santos Reyes en mayo de 2017. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a un paciente de 61 años, en el momento de someterse a la operación, al que le implantaron una prótesis de rodilla diferente a la recomendada para su caso y fija en algo más de 93.500 euros la indemnización.

El demandante caminaba con muletas antes de la operación, pero tuvo que dejar de hacerlo por los dolores que sufría en la rodilla derecha. En el proceso de valoración de su estado, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo recomendaron la implantación de una prótesis de bisagra, pero en el momento de la operación en el Hospital de los Santos Reyes de Aranda se optó por otro tipo de prótesis, que con el tiempo de recuperación se desveló como no adecuada para este paciente. La sentencia del TSJCyL es tajante y destaca en base a varios informes periciales que hubo «una deficiente asistencia sanitaria por parte del Sacyl al implantar un modelo de prótesis no indicado para el caso particular y no informar al paciente de ello, ocasionando un alargamiento innecesario del proceso y, pero aún, la necesidad de una segunda intervención» para solventar los problemas generados por la primera.

El informe del perito designado por el órgano judicial entra más en detalle de los perjuicios derivados de esta operación y «concluye que en el presente caso no se ha actuado conforme a la lex artis», que en términos jurídicos corresponde a no haber informado al paciente con anterioridad a la intervención que le causó perjuicio. Apoyándose en las opiniones de varios expertos en Cirugía Ortopédica y Traumatología, en la sentencia se hace hincapié en que «a la vista del resultado clínico insatisfactorio que presenta el paciente, la solución que se propone es recambiar la prótesis implantada por la que estaba indicada desde un primer momento, lo que se hubiera evitado si se hubiera implantado la prótesis de rodilla indicada» desde la primera operación.

Como consecuencia de este cambio en la intervención quirúrgica, el paciente «ha pasado de poder caminar con muletas y realizar algunas actividades, como el aseo personal, a precisar una silla de ruedas para los desplazamientos y ayuda de una tercera persona para determinadas actividades», lo que se tiene en cuenta a la hora de fijar la indemnización porque «indudablemente supone una pérdida de calidad de vida durante el tiempo transcurrido y el que transcurrirá hasta que se proceda a la implantación de la prótesis adecuada», añadiendo que esa nueva operación «no es seguro que solucione la situación actual».

En la valoración de daños, que se hace con los baremos empleados para los sufridos en un accidente de circulación, se suman 32.400 euros por los 622 días que estuvo convaleciente, 25.000 euros por la pérdida de calidad de vida, 23.500 por tener que someterse a otra operación, 11.700 por verse obligado a usar una silla de ruedas y 1.450 euros por la cirugía inicial.