Los delitos contra la libertad sexual crecieron casi un 20 por ciento en 2022 en Castilla y León, hasta totalizar 1.354 procedimientos incoados en la Comunidad, de los que 1.021 lo fueron en diligencias previas, concepto que incluso se incrementa más, un 25 por ciento. Así lo constata la Memoria 2023 de la Fiscalía de Castilla y León, a la que tuvo acceso Ical, presentada hoy con motivo de la Apertura del Año Judicial 2023-2024. Se trata, tal y como reconoce la institución que dirige Santiago Mena, de "una de las formas delincuenciales que mayor alarma despiertan en la sociedad".

En este sentido, se acordaron 32 medidas de prisión provisional, un 18 por ciento menos que el año anterior. Se redactaron por las fiscalías 215 escritos de acusación frente a las 188 del año anterior, un 14,3 por ciento más que en 2022; y se dictaron 228 sentencias, 16 menos, lo que supone un descenso del 6,5 por ciento. Igualmente, en 2020 el número de calificaciones fue de 164 y 122 sentencias; mientras que un año antes, de 188 y 168, respectivamente.

Si se tiene en cuenta el dato "más preciso" de las calificaciones, los delitos más calificados fueron los abusos sexuales, 61 (10,9 por ciento más que en 2021), seguidos del de abusos sexuales a menores de 16 años, que fueron 57, con un 46,1 por ciento más respecto al año anterior.

En conjunto, principalmente en materia penal, cuyos procedimientos representan la actividad principal de las fiscalías, durante el año 2022 se han incoado 75.153 diligencias previas, 6.871 diligencias urgentes, 15.262 juicios por delitos leves, 128 sumarios y 23 procedimientos con jurado, es decir, un volumen total de nuevos procedimientos de 97.437, casi 100.000, que supone un 9,3 por ciento más que las del año anterior, en el que se incoaron 89.126 asuntos por estos mismos conceptos. Crecen, además, un 23 por ciento por encima de 2020, aunque se observan las mismas mismas cifras que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 95.000.

El número de procedimientos abreviados incoados por los juzgados de instrucción ascendió a 8.780, cifra muy superior a la del año anterior, que fue de 6.573. El número de procedimientos pendientes en esta materia a finales del año pasado, 3.493, es superior a la de finales de 2021 (3.027).

Los grupos de delitos más calificados a través de este procedimiento han sido contra el patrimonio, lesiones (en los que se incluyen los delitos de violencia de género y doméstica), contra la seguridad del tráfico (conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas y conducción sin permiso) y contra la Administración de Justicia (delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar en todos los supuestos).

Por otro lado, el número total de diligencias urgentes fue de 6.871, número superior en un 8,8 por ciento a las cifras de 2021, que fue de 6.312. Los delitos leves incoados en 2022 fueron 15.262, de los que el 55,4 por ciento se celebraron con intervención del Fiscal.

Sumarios

En cuanto a los sumarios, presentaron un incremento de 97 en 2021 a 128 en 2022, la mayor parte de ellos por delitos contra la libertad sexual. La Fiscalía achaca este ascenso en su Memoria a que "las cifras de delitos graves en Castilla y León son afortunadamente limitados".

Los fiscales de Castilla y León en el año 2022 asistieron a un total de 15.331 juicios, distribuidos de la siguiente manera: 6.475 ante los Juzgados de lo Penal, en procedimientos abreviados y juicios rápidos, 8.454 en juicios ante los Juzgados de Instrucción, en delitos leves, 402 ante las audiencias provinciales, en abreviados, sumarios y jurados.

Criminalidad

En los delitos contra la vida en el año 2022 se incoaron por delitos de homicidio y sus formas un total de 215 procedimientos, el año anterior 195 y 207 en 2020. En este grupo de delitos se formularon por el Fiscal 57 escritos de acusación, se acordaron 27 medidas de prisión y se dictaron 55 sentencias. Por el delito de asesinato se incoaron cinco procedimientos, se formularon 11 escritos de acusación por hechos, algunos de los cuales ocurridos en años anteriores, y se dictaron 15 sentencias.

Por los delitos de homicidio aparecen como incoados en todo tipo de procedimientos 62 casos, que dieron lugar a 12 escritos de acusación del Fiscal y 17 sentencias y 22 medias cautelares de prisión. En los delitos de homicidio por imprudencia se iniciaron 133 procedimientos. Se formularon por el Fiscal 34 escritos de acusación, igual al año anterior (29) y se dictaron 23 sentencias frente a las 35 del año 2021 y cuatro medidas cautelares de prisión.

En los delitos de auxilio e inducción al suicidio se han incoado 15 expedientes el años pasado. Por los delitos contra la integridad física se han incoado un total de 28.098 procedimientos. En el caso de los delitos contra la integridad física (lesiones) llama la atención la enorme diferencia entre las incoaciones y el número de éstas que desemboca en calificaciones del Fiscal, 2.196, es decir, un 7,82 por ciento, cifra casi idéntica a la del año anterior, que fue del 7,12 por ciento. En este grupo de delitos se acordaron 58 medidas cautelares de prisión provisional y se dictaron 1.978 sentencias.

Violencia de género

En cuanto al volumen de procedimientos penales de violencia de género, siguiendo la tendencia del año anterior, se ha producido un ligero ascenso al haber sido el número de procedimientos incoados de 7.180 frente a los 6.986 en 2021, lo que representa un 2,8 por ciento de aumento. Asciende notablemente el número de calificaciones, de 2.106 a 2.709, lo que representa un 28,7 por ciento más.

Por último, en lo que respecta a los delitos por violencia doméstica, en 2022 el número de procedimientos iniciados fue de 1.032, prácticamente igual con el año precedente, que fueron 1.035. Se realizaron por las fiscalías 524 calificaciones y se dictaron 173 sentencias.

Igualmente, se observa un significativo ascenso del 27,7 por ciento en el número de sentencias, que han pasado de 1.378 en 2021 a 1.760 en 2022. Se observa que el porcentaje de sentencias absolutorias que en 2021 fue del 29 por ciento este año ha descendido al 20,1. Dentro de las sentencias dictadas, un número importante de las absolutorias lo fueron por acogerse las víctimas a su derecho a no declarar, recogido en el art 416 LECRIM, si bien ha disminuido el porcentaje de mujeres que hacen uso del referido derecho, o en otros casos, porque la declaración de la víctima "no ha sido suficiente para poder entender acreditado los hechos según el juzgador". La pena mayormente impuesta es la de prisión, seguida de la de trabajos en beneficio de la comunidad.

Durante el año 2022 se adoptaron ocho medidas de prisión provisional, tres más que en 2021. En el ámbito de la Comunidad Autónoma se han adoptado 156 órdenes de protección del artículo 544 ter de la LECrim, frente a las 132 del año 2021, 18 por ciento más. Han sido denegadas 55 órdenes solicitadas, lo que supone un 35 por ciento, cifra mayor que la del año 2021, que fue de nueve puntos menos.

En España, la Memoria de la Fiscalía alerta de que las mujeres del mundo rural y las mayores de 65 años son más vulnerables a la violencia de género y pide medidas para atender sus necesidades. En 2022 se registraron 50 feminicidios íntimos consumados, un dos por cinto más que en 2020 (49) y un 3,8 por ciento menos que en 2021. La Fiscalía pone el foco en la incidencia "muy preocupante" de los feminicidios y violencia de género en el ámbito rural.