El Ayuntamiento de Burgos sigue teniendo un problema para pagar las facturas en un plazo de tiempo razonable. No es nuevo. Tampoco lo es que, pese a que las diferentes corporaciones han sido conscientes de la situación, ésta sigue sin resolverse. Un informe elaborado por el Órgano de Intervención del Ayuntamiento detalla que el año pasado fueron 6.990 las que se pagaron fuera del periodo de plazo legal y que entre todas ellas sumaron algo más de  51,8 millones de euros.

El índice de morosidad hace referencia al tiempo transcurrido desde que una factura se registra en el Ayuntamiento hasta que se procede al abono de la misma. Y todas aquellas abonadas con un plazo superior a 60 días incumplen el plazo legal.

En el área de Intervención achacan que este volumen tan elevado de facturas pagadas fuera de plazo «está muy vinculado a la no existencia del expediente electrónico».

En este momento, el Ayuntamiento está inmerso en la implantación de la administración electrónica, aunque aún no está implantada. Todo indica que será en 2023 cuando se empezarán a ver los resultados.

Sirva como ejemplo de la manera en que el Ayuntamiento paga a sus proveedores el informe que elaboró el Órgano de Gestión Tributaria sobre el cumplimiento de los plazos de pago en el último trimestre de 2021. En ese periodo el Ayuntamiento abonó dentro del plazo legal 11,4 millones de euros y fuera del mismo otros 11,3.

Más benévola es para el Consistorio la estadística sobre el periodo medio de pago ya que ahí se refleja que este índice se cumplió el año pasado en todos los meses excepto en enero y julio.

Estos datos son frutos de una media y solo contabilizan aquellas facturas en las que se ha reconocido ya la obligación de pago. Es decir, aquí no figuraría una factura que pudiera estar guardada en un cajón.
Intervención, no obstante, defiende que «parece razonable que se intensifique la acción en aras a reducir esta magnitud» y de nuevo insiste en que la implantación del expediente electrónico se antoja clave para mejorar estas cifras.

Atrás parece que quedó aquella bochornosa imagen de las entidades locales en los tiempos del famosoPlan Montoro. El Ayuntamiento de Burgos no fue una excepción y hace una década se puso a buscar a la desesperada facturas impagadas por todos los rincones de la Casa Consistorial para obtener un crédito por ese importe con un interés mínimo. Aparecieron impagos por valor de más de 20 millones de euros.