A veces hay que empezar por el final para, a partir de ahí, deshacer la madeja. En este caso, el laberinto solo conduce a una salida: la subida de la tasa de aguas será una realidad en cuanto se apruebe de forma definitiva la ordenanza que fije las nuevas tarifas para particulares y empresas. Eso es lo único claro en este momento de una historia con muchas aristas cuyo discurso oficial ha requerido de una dosis de ingeniería lingüística para justificar un proceso plagado de piruetas y matizaciones.

El bolsillo del ciudadano asumirá, no antes del próximo mes de marzo, el aumento (inicial) del precio del 9,5% aprobado en el Pleno. Sin embargo, el mensaje ha dado varios bandazos a lo largo de los últimos meses y el baile de explicaciones, de cifras y de proyectos prometidos no ayudan a que el contribuyente entienda los motivos de un 'tasazo' que irá a más con el paso del tiempo.

Las contradicciones son constantes. El informe de gestión económica presentado la pasada semana fue un fogonazo de luz en el negro panorama pintado desde verano. Entonces, y a lo largo de los meses sucesivos, se advirtió que la empresa municipal arrastraba cuatro millones de pérdidas en un ejercicio que, finalmente, se cerró con 2,3 millones de euros de beneficio. Además, se recogen 3,16 millones de euros destinados a la amortización del inmovilizado que habrían disparado el dato final hasta los 5,5 millones.

El presidente de la sociedad municipal, Fernando Martínez-Acitores, se refugió horas después en los tecnicismos. Si antes valía el término «pérdidas», ahora es más correcto hablar de «saldo positivo» para interpretar los datos que revelan una situación económica diferente a la advertida hasta hace unas semanas.

Siguiendo este hilo, en su momento tampoco se precisó que la previsión inicial incluía una provisión de tres millones de euros a utilizar en el supuesto de que Aguas hubiera perdido su conflicto judicial con Aqualia. Hoy la sentencia es firme y favorable.

Si los números cuadran, a tenor de las conclusiones del informe oficial, y son verdes en lugar de rojos, entonces la razón principal para aplicar el incremento de la tarifa es vincular este movimiento a la necesidad de realizar grandes inversiones para renovar la red y las instalaciones, así como para afrontar el aumento estimado del 30 o 40% de los contratos de suministros.

El propio vicealcalde recalcó meses atrás que la sociedad municipal va a invertir 54 millones de euros en los próximos cinco años después de inyectar tan solo un millón en 2023. Para el curso actual se ha establecido un presupuesto a ejecutar de 14,3 millones de euros. Sin duda, un gran salto que en este momento no cuenta con todas las garantías para ser una realidad en tiempo y forma una vez entrados en el mes de febrero.

La propuesta técnica inicial puso como referencia el 18% de incremento en las facturas. El 9,5% de subida previsto en 2024 se presentaba como un mal menor, pero es solo el comienzo de una tendencia alcista programada para los siguientes cuatro años. 

Según el PlanFinanciero de la Sociedad, el contribuyente asumirá de forma lineal la subida del Índice de Precios al Consumo más un 1,5% añadido cada ejercicio entre 2025 y 2028.Es decir, finalmente se alcanzará la cifra prevista y podría superarse en función del IPC.

Pese a ello, la Sociedad aún considera insuficiente esta subida para hacer frente a las altas inversiones previstas y por ello se contempla la posibilidad de solicitar dos préstamos por valor de 33,7 millones de euros a devolver en 15 años y a pagar con un interés del 4%.

Remanentes. Del mismo modo, la concesión de 8 millones de euros procedentes de fondos europeos deberían aliviar ese endeudamiento de Aguas, máxime teniendo en cuenta que se podría contar con otra inyección similar correspondiente a la segunda convocatoria del PERTE. A ello hay que añadir los casi 24 millones de euros en remanentes que tampoco han servido para evitar bien el incremento de la tarifa, bien la reducción de las cantidades estipuladas en los créditos mencionados.

Mientras tanto, el gasto de personal pasó de los 3,7 millones de euros de 2022 a los 4,3, un incremento de 579.379 euros que debería hacer olvidar las argumentaciones que explicaban en el pasado las escasas inversiones realizadas al contar con una plantilla corta de efectivos. Este es otro factor tenido en cuenta para aplicar el 'tasazo'. 

Así avanza -a salto de mata- un proceso que acabará en un incremento resumido en una decisión «impopular pero necesaria». La subida fijada es de 3,21 euros en cada factura de un hogar tipo, mientras que la tarifa se congelará a las familias numerosas no antes de 2025.

Caso especial es de la industria, ya que se estima que los centros productivos que hasta ahora pagaban 400.000 euros al año asumirán un incremento de 40.000 euros anuales.