Falta de personal, problemas con la implantación de la administración electrónica... Cualquier justificación es válida para no pagar las facturas en tiempo y forma. La demora llega a desesperar a algunas empresas que prestan diferentes servicios al Ayuntamiento. Las que trabajan para los centros cívicos o las escuelas municipales están desesperada. Solo a Arasti Barca le deben 2,2 millones, por poner un ejemplo.
En su caso todavía no le han abonado los costes derivados de la pandemia (marzo de 2020). El estado de alarma obligó a cerrar instalaciones de todo tipo. Las empresas que gestionan estas dotaciones tuvieron que seguir soportando, entre otros gastos los costes laborales de sus trabajadores ya que, a diferencia de lo que ocurrió con otros negocios, no se les permitió activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento reconoció que las empresas no tenían que soportar estos gastos, pero no encontraron la fórmula para saldar la deuda y las firmas acudieron a los tribunales, que les dieron la razón. «Hemos pedido la ejecución de sentencia, ya que ni con un fallo firme nos pagan. También hemos reclamado la actualización del IPC y los intereses, además nos deben facturas de distintos contratos que tenemos», indicó Miguel Arasti, al tiempo que subrayó que su empresa también tiene pendiente alguna factura de 2016, 2020 o 2022 que están reconocidas pero no abonadas. «La Gerencia de Servicios Sociales tramita la factura, pero cuando llegan a Intervención se atascan», añadió.
Miguel Arasti asegura que esta situación no es buena para ninguna de las dos partes, dado que el Ayuntamiento se ve obligado a pagar intereses de demora con dinero de todos y la empresa debe pedir un crédito para pagar las nóminas, la Seguridad Social y el IVA.
Paralelamente, se les adeudan desde mayo los servicios de conserjería, talleres o bibliotecas de los cívicos y desde noviembre los de las escuelas infantiles a pesar de tener un contrato tras resultar adjudicataria. «No solo somos nosotros sino también otras empresas. Hay dinero, pero falta agilizar los pagos».
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, muestra su preocupación ante esta situación y esta semana ha mantenido reuniones con el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, para intentar agilizar los pagos al haber varias empresas afectadas. Además de los servicios reseñados también hay discrepancias con algunas facturas de los equipos para la promoción de la autonomía personal. «Estamos trabajando en colaboración con Intervención, dado que la mayoría de facturas son de noviembre, diciembre y enero. En el caso de los cívicos nos falta abonar alguna de los meses de verano al no tener responsable de los cívicos. Esperamos empezar a pagar lo antes posible», señaló Ballesteros.