El colapso de los recursos e instalaciones de Canarias para recibir a los miles de inmigrantes que han llegado a esta comunidad desde comienzos de año, con una cifra total de unos 28.000 subsaharianos, ha provocado que el Gobierno central en funciones haya decidido de forma unilateral enviarlos a la Península y repartirlos por las distintas comunidades, con el consiguiente enfado de las regiones de acogida. Así, según cifras facilitadas ayer por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, entre 5.000 y 6.000 sin papeles han sido trasladados en las últimas semanas por las incesantes llegadas de cayucos a las islas.

Ante este panorama, los gobiernos territoriales criticaron ayer la gestión de la política migratoria de Pedro Sánchez  y acusaron a Moncloa de trasladar indocumentados sin previo aviso y sin que los municipios tengan los medios suficientes para atenderles. Todo ello en una de las mayores crisis humanitarias que se han vivido en las Islas Canarias, con 28.000 llegadas en lo que va de año, de las cuales 16.000 tuvieron lugar desde el pasado julio, unas cifras que van camino de superar las de los cayucos de 2006, cuando entraron en el archipiélago 31.000.

Precisamente, el primer Gobierno autonómico que alzó la voz fue el canario, que ha mantenido numerosas reuniones con el Ministerio del Interior y otros órganos para canalizar la presión que sufren las Islas en los últimos meses.

En este sentido, el presidente insular, Fernando Clavijo, indicó que los 50 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para la acogida de los menores migrantes que tutela la comunidad ya se han quedado cortos, porque este gasto se acerca ya a 80.

Uno de los presidentes más críticos con esta medida fue la mandataria de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno de España de actuar «con nocturnidad» enviando a los migrantes a la Península, y en concreto a Madrid, para «quitárselos de encima».

Ayuso cifró en más de mil los indocumentados llegados a la región desde Canarias sin que el Gobierno regional haya recibido información al respecto por parte del Ejecutivo central.

La líder regional se preguntó «qué va a pasar» con estas personas cuando lleguen a los terrenos en los que se les ha ubicado.

Según desgranó, a Pozuelo fueron 156 migrantes, a la capital «una primera tanda de más de 90 que dicen que van a estar en distintos hostales», «después van a Alcalá entre 100 y 600» y ya están escuchando que «por miles en la ciudad de Madrid». 

Unanimidad

En términos similares a Ayuso se expresó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al enterarse del traslado de 140 inmigrantes a Malpartida de Cáceres, con unos 4.100 habitantes. Desde el Ejecutivo regional aseguraron que tuvieron conocimiento de este traslado a partir del alcalde del municipio, quien a su vez se enteró «a través de un grupo de Whatsapp de la llegada de estas personas».

Expresiones similares tuvieron también desde el Gobierno de Aragón, de Jorge Azcón. Su consejera de Bienestar Social, Carmen María Susín, calificó de «deslealtad institucional» y de «irresponsabilidad» el traslado de otro grupo numeroso de inmigrantes a Huesca; en concreto, a Sabiñánigo.

Andalucía tampoco se quedó atrás en las réplicas a la actuación del Ejecutivo y anunció que un total de 196 migrantes varones, en su mayoría subsaharianos senegaleses, están ya acogidos en un hotel de Torrox (Málaga), a los que se sumaron otros 24 en un centro de acogida de Almería.

Precisamente, el concejal popular en Torrox de Cultura, Salvador Escudero, afirmó, tras conocer la noticia de la llegada de sin papeles, que «por muy bien que estén» aquí, no se sabe «qué harán», «si van a tirar por la carretera, si van a robar un coche o si van a buscarse la vida porque no tienen nada». Palabras de las que después se disculpó por «desafortunadas».