El PSOE no retrocede con su negativa a la concesión a una promotora madrileña, Domusolco, de una parcela en Pozanos para la construcción de un párking, un supermercado y una zona de hostelería. Los socialistas ya advirtieron el pasado mes de agosto que harían «todo lo que esté en nuestra mano» para frenar lo que, en palabras del concejal Antonio Fernández Santos, fue definido como «un favor a unos amiguetes», «una tapadera» y «un negocio sucio».

El caso arraiga en la aprobación, en julio de 2014, del pliego para la concesión demanial de un solar de propiedad municipal ubicado frente al Hospital Universitario. El 21 de mayo de 2015 se procedió a adjudicar la parcela a través de la Junta de Gobierno a Domusolco por 30 años a cambio de un canon anual fijo de 25.100 euros más el 5,1% de los ingresos brutos por la explotación del párking.

En agosto de 2015, antes de que se oficializara la concesión, el PSOE hizo la denuncia antes referida y planteó un recurso (aun sabiendo que era extemporáneo) contra la decisión de la Junta de Gobierno. Fue contestado en base a unos informes elaborados por la gerente de Urbanismo saliente que no sólo no convencieron al PSOE, sino que alimentaron todavía más su convencimiento de que la operación no es legal.

Los motivos que esgrime el principal partido de la oposición son múltiples, pero se resumen en tres. El primero es que el Plan General no contempla que un aparcamiento pueda ser construido en una parcela reservada para un «equipamiento de tipo social, cultural, educativo, de salud y bienestar social o de ocio y deportivo», y menos aún, siempre según su versión, se debe permitir la construcción de un supermercado y una zona de hostelería como usos coadyuvantes al párking.

Es en esos servicios complementarios donde, insisten los socialistas, está el verdadero negocio perseguido por Domusolco, ya que el suelo se ubica «frente a un edificio por el que pasan 10.000 personas cada día».

El segundo motivo que sostienen es que el procedimiento y la documentación aportada se fue amoldando a la necesidad del inversor de justificar los usos sin atender a los procedimientos tasados por ley. Y el tercero es que no se respetó la condición marcada por los técnicos municipales a la Junta de Gobierno sobre la obligatoriedad de que se evacuaran informes jurídicos de letrados municipales que garantizaran que lo que se estaba haciendo (la adjudicación) era legal. Esos informes no se recabaron antes de proceder a adjudicar la concesión de la parcela.

Marcha atrás

Es ahora cuando el PSOE se prepara para una guerra abierta contra la adjudicación, y el próximo paso es la interposición ante la Junta de Gobierno de una petición de revisión del acuerdo del 21 de mayo. Eso que suena tan extraño no es sino el ofrecimiento de una salida al PP para no continuar adelante, lo que supondría, según ratifican desde las filas socialistas, llevar el caso a los juzgados de manera inmediata.

Dicha salida ya fue utilizada con el caso del intento de pago a la mercantil T-Systems de 420.000 euros por unos trabajos que ningún técnico municipal acreditaba que se hubieran realizado. El exvicealcalde Ángel Ibáñez llevó el pago a la Junta de Gobierno (que no llegó a efectuarse porque lo detuvieron los servicios municipales) y se metió en un jardín que le pudo costar un disgusto. Finalmente se procedió a una revisión del acuerdo de la Junta de Gobierno y se anuló esa decisión por parte del equipo de gobierno del propio Partido Popular.

Ahora se repite la historia y en el PSOE confían en que el PP siga el mismo camino que emprendió con T-Systems. Eso sí, para proceder a la revisión del acuerdo, y la consecuente anulación de la concesión, será necesario que informe el Consejo Consultivo de Castilla y León. Eso, si el Ejecutivo de Javier Lacalle acepta. La empresa, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones el perjuicio que está suponiendo esta situación para sus intereses y ha ratificado en todo momento su creencia firme de que la operación es legal y debe culminarse el proceso.