Los granjeros dedicados a la cría de pollos y otras aves destinadas a la producción cárnica llevan unos últimos años muy castigados. Se podría pensar que la culpa la tiene el siguiente eslabón de la cadena alimentaria, pero las integradoras, que son las empresas que ocupan ese lugar, tampoco lo han tenido fácil al encontrarse en medio de estos productores y la gran distribución, que es la que realmente presiona con los precios. Desde UPA señalan que los grandes supermercados no llevaron bien la subida de los costes de producción en las instalaciones ganaderas porque eso suponía un incremento de precio en los lineales de uno de sus productos reclamo, el pollo, lo que se tradujo en tensiones con las cotizaciones.
Pero antes que nada hay que echar un vistazo a los números. En primer lugar, en los datos de Ministerio de Agricultura se aprecia que, desde 2013, las líneas que marcan el precio de coste y el de venta de los pollos para los granjeros han estado separadas, con la segunda por encima de la primera… hasta 2020. Es decir, durante esos siete años producir pollos fue razonablemente rentable. Pero esa tendencia se acabó con el cambio de década. Ya a mediados de 2020 ambas líneas se tocaron puntualmente, pero desde finales de ese año los gastos de los titulares de las explotaciones han estado casi siempre por encima de los ingresos que percibían por sus animales.
En primer lugar, la pandemia hizo mucho daño a un sector que depende en gran medida de una hostelería que estuvo cerrada, o semiabierta, durante meses. Los precios cayeron en picado por falta de demanda y al mismo tiempo se comenzó a apreciar la tendencia al alza de los costes de producción. Esa tendencia se mantuvo durante muchos meses (piensos, energía) hasta que, hace poco menos de un año, la cuantía de estos gastos se estabilizó, pero quedándose a unos niveles altísimos. El problema es que las cotizaciones del pollo no han seguido el mismo camino y ahora ambas líneas, con sus altibajos, corren más o menos parejas, lo que implica una preocupante falta de rentabilidad para el sector. Las grandes superficies no han querido perder al pollo como reclamo para los consumidores y eso se ha traducido en presión en los precios a la hora de comprárselos a las integradoras. Estas empresas se han encontrado en medio de unos ganaderos -de los que dependen- que apenas ganan para vivir y corren peligro de cerrar sus explotaciones y una distribución que apenas les paga lo suficiente para que ellas puedan cubrir los gastos de los granjeros. Una situación complicada.
Un empujón para el sector avícola de carne - Foto: Jonathan TajesPara intentar poner solución, los representantes de las principales organizaciones agrarias nacionales (ASAJA, COAG y UPA) y Avianza (la asociación mayoritaria del sector español de la avicultura de carne, que agrupa a más de 65 empresas asociadas y representa a más del 90% de las compañías vinculadas al sector de la carne de pollo, pavo y codorniz) han constituido de forma oficial el Comité Ejecutivo de Integración que tendrá como objetivo la revisión y actualización de las Bases del Contrato Tipo de Integración, que establece las principales garantías y el marco de actuación para la regulación de la actividad entre las empresas productoras (integradoras) y sus integrados (granjas avícolas).
Eloy Ureña es el responsable de avicultura de COAG y explica que, en realidad, este comité estaba constituido hace ya años, cuando Avianza aún se denominaba Propollo, pero que nunca llegó a reunirse. Es ahora cuando se le ha dado un empujón ante la crítica situación del sector para intentar que integradoras y ganaderos vayan de la mano por el camino de la rentabilidad. Las OPA y Avianza sostienen que este comité servirá como instrumento operativo para el debate constructivo y la negociación proactiva de la relación entre las empresas integradoras y los granjeros. Y es que, más que nunca, es imprescindible actuar de forma conjunta y coordinada para responder a los retos del sector avícola desde una posición firme de defensa de los derechos de todos los integrantes de la cadena de valor.
La intención es actuar como una voz común, firme y conciliadora a la vez, para avanzar en el fortalecimiento de un sector clave para la economía española, con especial incidencia en zonas de la España vaciada, y generadora de más de 2.500 millones de euros de facturación para el PIB nacional, así como más de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Esfuerzo inversor.
Hasta la crisis socioeconómica y sanitaria provocada por la pandemia de la COVID, el sector avícola de carne había acometido uno de los mayores esfuerzos en modernización, profesionalización, capacidad de producción y de comercialización jamás realizados. «Nos modernizamos continuamente», dice Ureña. Esto le permitió colarse entre los tres principales mercados productores de carne avícola en Europa, con el reto de la proyección internacional por primera vez en la historia. Sin embargo, lamentan que desde 2020 se ha visto sometido a un contexto permanente de presión y asfixia que ha lastrado su capacidad de producción y de equilibrio de rentabilidad, y por consiguiente su viabilidad económica.
Las OPA y las integradoras se quejan de que llevan más de tres años soportando en toda la cadena de valor, desde las granjas a los centros de procesado y producción pasando por las redes de comercialización, las consecuencias del incremento de las cotizaciones de las materias primas (hasta duplicar o triplicar su precio), la escalada sin precedentes en los precios de la energía (hasta seis veces más) y la subida del coste de los insumos y materiales como cartonaje o plásticos. Todo ello en un sector que, por sus características, tiene ciclos mucho más cortos de producción que otros análogos que le convierten en uno de los más vulnerables.
A pesar de ello, la posición conjunta como sector ha sido siempre la de resiliencia y compromiso con la producción sin interrupciones de carne avícola para evitar cualquier desabastecimiento para las familias en España. Día tras día, todos los profesionales del sector han mantenido su actividad y cumplido con su responsabilidad. Y por ello, entre otras cosas porque es de justicia, han exigido corresponsabilidad a todos los integrantes de la cadena de valor para poder afrontar una situación crítica no solo para el sector, sino para la propia población, pues la carne avícola es un pilar imprescindible de la alimentación saludable y asequible de todos los españoles, especialmente para los más vulnerables.
También se ha demandado de forma expresa a la distribución la adaptación de los contratos de comercialización a la cadena de producción para evitar el colapso del sector en su conjunto, adaptándolos a unos costes en constante escalada. Una demanda que no ha tenido la respuesta rápida y acorde a la realidad que hacía falta, generando con ello situaciones dramáticas en granjas y empresas integradoras, algunas de las cuales no pudieron resistir la situación y se vieron abocadas a cerrar.
Eloy Ureña explica, por ejemplo, el caso de Holanda. Allí se dejó de criar el pollo convencional y solo hay explotaciones de los llamados camperos. Pero sí se sigue consumiendo ese pollo convencional que, obviamente, ha de llegar de fuera. En este caso los pollos que se comen los holandeses llegan de Ucrania, un país que ha día de hoy está fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, puede criarlos con muchas menos exigencias medioambientales, sanitarias y de bienestar animal que los países miembros.
Holanda no cerró sus granjas porque el sector quebrara, sino por legislación nacional. Pero el resultado es similar: se pasa a depender de países terceros que, aunque ofrezcan precios bajos en primera instancia, «subirán el precio cuando la producción local desaparezca por completo y no podremos hacer nada», explica Ureña, que espera que no se llegue a esta situación, ya que tanto a las integradoras como a la distribución les interesa que haya un sector productor robusto.
El responsable de COAG afirma que las integradoras, representadas por Avianza, son conscientes de la situación y, en mayor o menor medida, han hecho y siguen haciendo esfuerzos para que los granjeros aguanten; no en vano, dependen de ellos para funcionar. De hecho, el diálogo constructivo entre las principales organizaciones agroganaderas y Avianza ha permitido progresivos acuerdos de actualización de los costes que, si bien siguen sin ser correspondidos por la distribución, permiten actuar de forma solidaria, una vez más, al sector de producción de carne avícola.
Otro de los avances que supondrá el funcionamiento de este Comité Ejecutivo es la posibilidad de revisar las Bases del Contrato Tipo de Integración. En concreto, Eloy Ureña destaca que se podrá intervenir en los plazos de pago a los ganaderos, dado que aún quedan integradoras que pagan a 120 días. También se abordará el problema del coste de cargar los animales en el camión y de la merma durante el trayecto al matadero (el peso que pierden los animales en ese lapso, que en un camión de 4.000 pollos puede alcanzar los 300 kilos), gastos que también recaen todavía en el granjero en muchas ocasiones. Además se intentará que los contratos sean a largo plazo, porque eso facilitará las inversiones en las explotaciones. Ureña explica que, si el contrato se renueva cada vez que se completa un ciclo (dos meses), los ganaderos no tienen seguridad para modernizar sus instalaciones porque no tienen garantizados sus ingresos a medio plazo.