Los indocumentados que anhelan salir de las sombras se quedaron de nuevo esperando en 2022 la aprobación de una reforma migratoria, que, en opinión de numerosos expertos, tampoco llegará en los dos años restantes del Gobierno de Joe Biden, pese a que este la prometió.

La desesperación crece por momentos en la frontera norte de México, una región que vive un flujo migratorio récord, y más después de que la llamada cumbre de los Tres Amigos -una reunión trilateral entre el presidente estadounidense y sus homólogos mexicano y canadiense- no sirviese para acelerar su prometido programa. Es más, durante el encuentro, Biden no hizo más que agradecer al anfitrión, Andrés Manuel López, su colaboración para frenar la oleada de personas que tratan de cruzar la frontera.

El problema de los indocumentados radica en el polémico Título 42, que expulsa de forma expedita a migrantes en la línea de paso y que sigue vigente. «Estamos peor que en años anteriores en el tema migratorio», advierte Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College.

Las esperanzas de 11 millones de mexicanos que por más de dos décadas han luchado por obtener un camino a la ciudadanía estadounidense habían regresado con la llegada de Biden en 2021.

En el primer año con mayoría en el Congreso, varios proyectos para legalizar a agricultores, trabajadores esenciales y amparados por la Acción Diferida (Daca) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron aprobados en la Cámara de Representantes, pero nunca fueron votados en el Senado, por lo que se esperaba que en 2022 los demócratas en la Cámara Alta dieran la iniciativa. Todos los intentos fallaron. 

Tinker Salas considera que los legisladores «no quisieron invertir su capital político» para lograr la reforma en el año de elecciones de medio término. Ni siquiera lo hicieron por ayudar a los soñadores, como se le conoce a los amparados por Daca, a pesar de que el programa está nuevamente en riesgo, tras el fallo de un juez federal y de una corte de apelaciones. Ambos dictaminaron que el beneficio, que ampara la deportación a unos 600.000 inmigrantes, es «ilegal» por violar una ley de proceso administrativo. «Es un juego político en el que se ha utilizado nuevamente a los inmigrantes», valora el catedrático.

La última en intentar favorecer a los soñadores fue la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, que, junto al republicano Thom Tillis, trabajó en un borrador para alcanzar un acuerdo que permita el avance de su tramitación parlamentaria.

Sinema, que fue electa como parte del Partido Demócrata, se declaró como independiente justo cuando trabajaba en el proyecto la última semana de noviembre. La iniciativa les daba la residencia permanente y dejaba en pie el Título 42, entre otras medidas para detener el flujo de migrantes, que ha visto un aumento y ha servido para que los republicanos mantengan una oleada de críticas al Gobierno.

Karina Ruiz, directora de la Arizona Dream Act Coalition, cree que el plan era una excusa para lograr imponer el Título 42 en la frontera. En su opinión, «no era una reforma migratoria pensando realmente en los indocumentados». «También dejaba afuera a muchos inmigrantes como los padres de los soñadores, que han sido fundamentales en la economía del país, los campesinos y muchos más», agrega.

Escenario desolador

El panorama para lograr una reforma no se ve nada halagüeño. «Ya se inició la precampaña presidencial y por lo tanto ningún partido va a tomar el riesgo de trabajar en resolver leyes migratorias que favorezcan a los indocumentados, todo va a estar dirigido a la seguridad de la frontera», sentencia Tinker Salas.

En este sentido, Ruiz subraya que la Cámara de Representantes en los siguientes dos años estará en manos de los republicanos. «Ese nuevo liderazgo ya ha mostrado una fuerte oposición a los inmigrantes», menciona la activista.

De hecho, el líder del Partido Republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ya amenazó con iniciar este 2023 un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y en el Senado, las cosas tampoco pintan muy bien ya que tras la salida de Sinema, los demócratas tienen apenas una mayoría gracias al voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin una posibilidad clara para que el Congreso firme un pacto, las mayores probabilidades de lograr un alivio, al menos una protección contra la deportación, quedan en manos de alguna acción ejecutiva de Biden. Sin embargo, Salas alerta de que seguramente los estados republicanos encabezarían demandas contra cualquier acción que tome.

Así las cosas, los indocumentados que han esperado una legalización por años, algunos más de 30, cuentan con pocas posibilidades de una ley migratoria.