El Ayuntamiento no cambiará su modo de proceder tras la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Burgos que anula una sanción del llamado semáforo espía por no advertirse su presencia mediante señalización y por no estar sometido a control metrológico alguno. La concejala de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, avanza que se seguirán desestimando estos recursos en vía administrativa ya que harán prevalecer un fallo de julio del año pasado que, «ante los mismos hechos», daba la razón al Consistorio.

Carpintero confirma que a la espera de que los tribunales se puedan pronunciar en una instancia superior para crear jurisprudencia, la decisión que se ha tomado es la de continuar sin señalizar los foto rojo aunque sí «se va a cumplir con el criterio que marca la Agencia de Protección de Datos, que si bien no considera necesaria la señalización, sí indica que habría que informar sobre qué calles son aquellas en las que se ubican» las cámaras de videovigilancia. Es por ello por lo que «de manera inmediata se va a publicar esta información en la página web municipal».

La concejala socialista expresa que, «ante la falta de un criterio unívoco» por parte de los juzgados de primera instancia, se van a seguir «desestimando» tanto los recursos extraordinarios de revisión que pudieran llegar una vez que la sanción ya ha sido declarada firme, como aquellos que se puedan presentar en este momento con procedimientos vivos o los que vengan de ahora en adelante.

¿Qué es lo que puede suceder a partir de este momento? Una vez que el Ayuntamiento se mantiene en su postura y opta por aferrarse a la sentencia que le dio la razón en 2020 (existen otros fallos también a su favor de 2014, 2017 y 2018 pero no se juzgan los mismos hechos), el ciudadano que sea multado y decida pelear para que se anule su sanción no tendrá otra salida que acudir a los tribunales (...).

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