El abuso (o no) de las bajas es una de las polémicas más enconadas y recurrentes en las relaciones laborales actuales, especialmente en aquellos procesos difíciles de cuantificar en términos de capacidad del trabajador y de tiempo necesario para su total recuperación. El caso es que suponen un alto coste de personal y organización para las empresas y económico para el sistema público, y sigue en ascenso. De hecho, las bajas laborales, de carácter permanente o temporal (las médicas), generan una factura mensual de más de 10 millones de euros para las arcas públicas en Burgos, una cifra muy similar al importe que alcanzan las prestaciones por desempleo en la actualidad.

El desglose de esta factura muestra que los procesos más costosos son, lógicamente, los más graves y duraderos, pues el esfuerzo económico para cubrir las necesidades de estas personas alcanza una media de 6 millones de euros mensuales, cantidad con cargo a la nómina de las pensiones y asumida en su totalidad por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Estamos hablando, en cifras actualizadas, de unos 4.800 extrabajadores en la provincia que todavía no han llegado a la edad de jubilación y que están afectados por un accidente de trabajo o no, una lesión o que padecen una enfermedad de carácter grave que les impide desempeñar su trabajo a largo plazo. Su grado de minusvalía reconocido es igual o superior al 33%.

(Más información, en la edición impresa de este domingo de Diario de Burgos o aquí)