Un total de 69 centros residenciales de la provincia de Burgos se han sumado, por el momento, a la formación que ya ha ofrecido la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dentro de su proyecto para terminar con las sujeciones en los centros residenciales. El objetivo que se propone el Gobierno regional en esta materia es que las contenciones físicas se produzcan tan solo en casos muy excepcionales, que no duren más de 24 horas y que estén avaladas por la Fiscalía, tal y como se recoge en el anteproyecto de Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros Residenciales y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración de Castilla y León, que, según explicó el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, se espera aprobar hacia el próximo mes de abril.

«El objetivo de esta ley es poner a la persona en el centro de los cuidados con un enfoque ético y de dignidad y abordar ese cierto abuso que históricamente ha habido de las contenciones físicas o psíquicas en los centros residenciales para evitar situaciones de agitación en las personas mayores. Frente a esto, hace tiempo que existe una corriente ética, que nosotros compartimos, según la cual con formación y recursos se puede lograr una atención a las personas sin necesidad de contenerlas o atarlas, como se dice de forma coloquial, y que esto no genere riesgos para ellas mismas ni se produzcan accidentes porque con estos objetivos -que son loables, ya digo- se han cometido y se cometen ciertos abusos», explicó De Pablos.

La nueva norma es muy explícita cuando habla de las contenciones, pues permite su utilización únicamente «después de constatar el fracaso de otras medidas alternativas, y siempre documentando tanto los intentos alternativos realizados, como los motivos de su fracaso y las consecuencias que se hubieran producido». Así, añadió el gerente, cuando se apruebe la nueva norma, las sujeciones físicas serán algo extraordinario, muy puntual, deberán seguir estando prescritas por un profesional facultativo y competente para ello y con una serie de garantías como el límite temporal de las 24 horas, la comunicación a la Fiscalía y con un consentimiento informado redactado «con un lenguaje adecuado a la capacidad de comprensión» y firmado por el usuario o su familia.  En el caso de las de tipo farmacológico (la administración de medicamentos psicotrópicos para enfrentar alteraciones de conducta) se precisará también consentimiento  informado y los profesionales realizarán un detallado seguimiento de posibles cambios de conducta o estado de ánimo que produzcan en el paciente. 

La consejera de Familia, Isabel Blanco, avanzó en Burgos la semana pasada -durante la firma del protocolo de colaboración con la Asociación Castellana y Leonesa de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores -sector solidario- (Lares) y la Asociación de Residencias de Tercera Edad en Castilla y León (Acalerte)- el inicio de la formación específica a los profesionales en las que se les va a facilitar las herramientas alternativas a las sujeciones y su retirada segura en función de las características individuales de cada persona. Para ello, la Junta ha realizado una convocatoria de subvenciones por valor de 405.000 euros para entidades expertas en la eliminación de sujeciones y las adjudicatarias han sido la Fundación Cuidados Dignos, Dignitas Vitae y la Fundación Maria Wolff, cuyos profesionales acudirán a los centros residenciales por un periodo de tiempo no menor a dos años. En toda Castilla y León se han interesado por ello 409 centros -tanto de mayores como de discapacidad, de los 1.200 existentes. 69 de ellos, como se ha dicho, son de Burgos.

Se trata de la continuación de la política iniciada por el anterior Gobierno regional y que fue presentada en Palencia por la propia Isabel Blanco y el entonces vicepresidente, Francisco Igea, en 2021. «Es difícil imaginar que una persona atendida con sujeciones físicas o químicas, aunque estén homologadas o supervisadas por un profesional, viva con calidad y dignidad y sea feliz», dijeron entonces ambos políticos.

No hay cifras sobre el porcentaje de usuarios a los que se contiene o se ata en los centros de la comunidad autónoma o de la provincia. Carlos Raúl de Pablos, el gerente de Servicios Sociales, dice que tiene mucho que ver con los propios establecimientos y con la cultura que en ellos exista a este respecto «porque hay que tener en cuenta que hubo un tiempo en el que esto se veía como algo 'natural', así que si en una residencia hay un médico versado en moderar las sujeciones seguramente serán menos que en otro donde no estén familiarizados con ello».

Práctica cuestionada. Las sujeciones o contenciones que se producen en las residencias tanto de mayores como de discapacidad (también en el ámbito hospitalario con pacientes psiquiátricos), bien para evitar accidentes o para que la persona se dañe a sí misma o lo haga a alguien de su entorno, es una práctica que lleva siendo cuestionada hace mucho tiempo por parte de los profesionales tanto sanitarios como de los servicios sociales por las implicaciones éticas que conlleva. «Son muy controvertidas, no solo por lo que suponen de merma de la libertad individual sino porque suponen riesgos también para la persona. Por ejemplo, un cinturón abdominal puede provocar la asfixia de un paciente muy agitado», explica el geriatra Álvaro Da Silva, responsable de la residencia Fuentes Blancas de la Diputación, donde calcula que solo se utiliza la contención en un 5% de los usuarios, aproximadamente: «Aquí son prácticamente testimoniales porque hace ya mucho tiempo que los geriatras estamos en esta corriente de sujeciones cero».

En las cinco residencias de la institución provincial ya han empezado a trabajar los profesionales de la Fundación Cuidados Dignos, como explicó la diputada de Servicios Sociales, Inma Sierra, tras un convenio firmado el pasado mes de noviembre con la entidad. La Diputación  ha destinado  a este fin 44.600 euros procedentes de los fondos Next Generation. «Se va a trabajar de forma individual con cada uno de los usuarios y se va a formar a los trabajadores para ir sustituyendo las sujeciones y aplicar las nuevas tecnologías para el cuidado de las personas mayores», afirmó la corporativa.

Por su parte, Begoña Franco, vocal del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos y responsable del área asistencial de la residencia de mayores de la Junta en Miranda de Ebro, se mostró satisfecha por este cambio de legislación al respecto de las contenciones: «Me parece muy bien que se intervenga porque considero que tenemos que cambiar de paradigma y reducir el nivel de contenciones que existe y considero que es básico que nos den formación porque cuando se cambia el modelo de atención, los profesionales tienen que estar preparados. Creo que se ha gestionado bien y espero que la formación nos dé luz y nos ayude a cambiar para mejor».