La ‘visita’ de los miembros de la asamblea de Gamonal a las sucursales bancarias que los violentos destrozaron el fin de semana del  10, 11 y 12 de enero no pasó desapercibida para la Comisaría. La Policía Nacional elaboró el martes un escrito que recoge las oficinas en las que entraron y las exigencias que plantearon a sus directores, entre ellas las de no personarse  como en las causas y no dar parte de los hechos.

El objeto de redactar tal informe no era otro que enviárselo al juzgado de guardia para que su señoría investigue si los representantes de la asamblea pudieron incurrir en alguna infracción penal. Podrían ser responsables, según ha podido saber este periódico, de una falta de coacciones. Pero para abrir un proceso por este tipo de infracción es preceptivo que la persona o el representante legal de la entidad bancaria, en este caso, presente denuncia.

En ese escrito, que habrá de analizar el juez para determinar qué diligencias inicia, la Policía Nacional no ha incluido nombre alguno de las personas que acudieron a las oficinas del BBVA, Ibercaja y el Banco Santander, ya que en Bankia y en Bankinter no accedieron al negárseles la entrada. No obstante, fuentes policiales señalaron que en los juzgados de Burgos ya conocen quiénes son los representantes de la asamblea de Gamonal, de ahí que no los identificaran. Asimismo, informaron de que dicho informe no lo llevaron a cabo a instancias del juez sino que fue a  iniciativa de la Comisaría, obligada «a dar parte de cualquier ilícito penal del que tenga indicio».

En las oficinas a las que no pudieron entrar, los miembros de la asamblea introdujeron un sobre por debajo de la puerta en la que aparecían sus reivindicaciones. En BBVA, que ha cifrado los daños en un total de 65.000 euros, se produjeron los mayores momentos de tensión el martes por la mañana. En la sucursal de Ibercaja les atendió la directora y en Banco de Santander, también.

Lo que solicitan a estos bancos es que no reclamen indemnización alguna, si bien este extremo podría corresponder a las aseguradoras. Y también que retiren las denuncias y las acusaciones particulares sobre los detenidos, 46 (11 menores) en total en los disturbios. Les dan un plazo de una semana para responder, tras el cual los miembros de la asamblea volvería a visitar las oficinas para reclamar la contestación a sus reivindicaciones.