La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar antes de que finalice el presente año las ayudas para los trabajadores que estén afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) originado por el incendio de Campofrío. Este complemento al desempleo que aportará la Administración regional será el mismo que el que reciben el resto de afectados por ERE de suspensión temporal, con la salvedad de que, al tratarse de un expediente por causas de fuerza mayor, las aportaciones no tendrán un límite temporal de 120 días sino que se prolongarán durante los dos años de duración del ERTE, hasta el 16 de noviembre de 2016.
Así lo confirmó ayer el director general de Trabajo, Carlos Díez, que recordó que la Junta ya tiene una línea abierta por casos de suspensión de empleo en empresas de menos de 250 trabajadores por causas económicas, tecnológicas y productivas de 10 y 7 euros por jornada de suspensión diaria por trabajador en función de si su base de cotización no alcanza el límite de los 1.900 euros o los supera, respectivamente. Quedarían excluidos aquellos trabajadores que superen los 2.500 euros.
Este será el dinero diario previsto que reciban aquellos de los 774 trabajadores que incluye el ERTE que estén en el desempleo (135 se han reubicado en otras plantas de la cárnica en Burgos, Ólvega y Torrente)y que la Junta está intentando que lo reciban cada mes y no cuando finalice el expediente como es lo habitual.
Esto requiere un esfuerzo especial para Trabajo dado el volumen de personas afectadas, muy por encima del otro EREpor causa mayor que están atendiendo, el de la empresa Composites Avanzados, en la provincia de Ávila, que también sufrió un incendio el pasado mes de octubre.
Complemento
Estas ayudas se suman a las que aportará Campofrío y que se incluyen en el acuerdo laboral del ERTE. Todos los empleados en paro reciben una indemnización de 290 euros brutos al mes en doce pagas anuales para complementar sus rentas. Para los que agoten su desempleo en los dos años que dura el ERTE se establece una indemnización de 426 euros brutos en doce pagas, que se reduce a 145 euros brutos cuando se incorporen las ayudas públicas.
Carlos Díez subrayó ayer que estas ayudas están comprometidas por un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, que declaró el siniestro de La Bureba como «situación de especial trascendencia y urgente actuación» las medidas de carácter económico y administrativo que adoptará para la empresa y trabajadores.
Entre las medidas que se han estudiado para los trabajadores, además de complementar sus prestaciones; se está negociando con entidades financieras para flexibilizar el pago de hipotecas y para facilitar el acceso a las ayudas de la Red de Apoyo a la Familia.
Respecto de la empresa, la próxima convocatoria de ayudas a fondo perdido para la inversión en industrias agroalimentarias priorizará a Campofrío. También, declara prioritarias y urgentes las acciones para la reconstrucción de la planta, destinadas a simplificar y agilizar los trámites administrativos de permisos y autorizaciones.