Durante los últimos años han sido el fenómeno turístico por excelencia y muchos propietarios optaron por sacar rentabilidad a sus pisos con el arrendamiento vacacional. Sin embargo, la proliferación ha hecho que muchas comunidades de vecinos se hayan puesto en alerta por las molestias que causa el trasiego continuo de los turistas a cualquier hora del día o los ruidos que esta actividad genera y quieren poner coto a las mismas más allá de la regulación que establece la Ley de Propiedad Horizontal o la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el Ayuntamiento de Burgos. Muchas de ellas están trasladando a sus administradores de fincas la necesidad de modificar sus estatutos para directamente prohibir su implantación, según reconocen desde el Colegio de Administradores de Fincas de Burgos y Soria.

Y todo indica que esta opción aumentará tras conocerse las dos sentencias que ha dictado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en las que avala el veto a los aparcamientos turísticos en aquellas comunidades que «prohíben expresamente en sus estatutos» la utilización de esas viviendas para ejercer una actividad económica. Y el tribunal considera que el alquiler para este uso es una actividad económica y no residencial. «Somos conscientes de que es un problema actual y que muchas comunidades están haciendo juntas extraordinarias con el objetivo de recoger estas limitaciones y plasmarlas en los estatutos», indicó el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Rodrigo Mateos.

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