Tras años de quejas sobre el incumplimiento de las normas de accesibilidad en las calles de la capital ribereña, el colectivo Disfar logró una resolución del Procurador del Común en la que instaba a impedir que las terrazas y otros elementos se situasen pegados a las líneas de las fachadas, facilitando así la creación y respeto de un itinerario peatonal accesible para todos. Días después, llegó la reacción municipal y los agentes de la Policía Local empezaron una campaña de aviso a los hosteleros para que cumpliesen esa norma. «Pasaron por aquí para decirnos que teníamos que quitar todo lo que teníamos en la fachada, y que si tenían que pasar otra vez, ya sería para abrir un expediente», asegura un hostelero del centro histórico de Aranda.
A pesar de que ya han pasado tres semanas del inicio de esa campaña de información, todavía quedan muchos obstáculos en la vía pública accesible. «Los puntos más problemáticos ya están solucionados, pero faltan bastantes porque se están centrando en la hostelería y hay otro tipo de establecimientos que también están ocupando la línea de fachada con pizarras de información o con sus productos, y eso también incumple la ley», asegura José Luis Moreno, miembro del colectivo Disfar promotor de esta lucha por una ciudad más accesible para todos. Una situación que algunos hosteleros consideran que es un agravio comparativo hacia ellos porque les reduce el espacio público que pueden aprovechar para hacer negocio. «En las plazas grandes se puede poner más allá la terraza, pero dime a mí dónde la pongo yo, si tenemos una acera mínima», lamenta un camarero tras verse obligado a retirar las escasas cuatro mesas que tenía para atender a los clientes en el exterior del establecimiento.
En el sector de la hostelería, los responsables de los locales que ya cumplen con la normativa entienden la necesidad de colaborar en la eliminación de barreras a la movilidad pero critican que se haya puesto el foco en ello. «Parece que somos nosotros los únicos que ocupamos las calles, pero yo voy por ahí y veo cajas, anuncios y maniquíes de tiendas, a esas parece que no les han dicho nada», lamenta desde detrás de la barra, mientras mira al exterior, donde su terraza se ha visto reducida a dos mesas y una sombrilla.
Moreno recuerda que la ley de accesibilidad afecta a todos los negocios y espera que, poco a poco, se vaya haciendo cumplir en las calles de Aranda, y no sólo en el centro. «Se ha empezado a hacer algo pero queda mucho, cuando hablé con la Policía Local me dijeron que tenían más de 300 expedientes de actas de sanción, pero nosotros no hemos visto nada», reconoce, apuntando a renglón seguido que esta medida de control se empezó a materializar tras la comunicación del Procurador del Común pero «todavía queda la respuesta de la Fiscalía, ante la cual también denunciamos la situación, que tendrá que decir algo».
Y va más allá, porque hay muchos elementos que entorpecen la accesibilidad en Aranda. «Los palets que han puesto algunos para acotar la terraza tampoco están permitidos y hasta el Ayuntamiento incumple la ley porque hay muchos elementos de mobiliario urbano, como papeleras, que están colocadas en las fachadas y eso tampoco está permitido», lamenta Moreno con la esperanza de que, después de años en los que el incumplimiento ha sido la norma, se empiece a tener en cuenta la accesibilidad en las calles arandinas.