Los vecinos del número 23 del barrio de San Cristóbal se llevaron este lunes un buen susto al comprobar por la mañana que se había desprendido buena parte del techo del soportal que conecta con otro portal. Afortunadamente, la caída de los ladrillos se produjo por la noche cuando no pasaba nadie, ya que de lo contrario podría haber ocurrido algún accidente. Ante esta situación de deterioro, los vecinos urgen que se acometa cuanto antes la urbanización de la zona prometida hace dos años y medio.
El barrio ha sufrido una importante transformación en la última década con la regeneración de los bloques de viviendas y la remodelación de los espacios públicos. Ambas actuaciones van de la mano gracias a la colaboración de las administraciones local, regional y estatal y también de los residentes mediante la figura del ARU (área de regeneración urbana).
La tercera fase de remodelación compuesta por seis bloques (125 viviendas y 9 locales) culminó hace dos años, pero quedó pendiente la urbanización que afectará a las calles interiores, zonas verdes y soportales, donde hay locales, algunos municipales, y también los accesos a las casas. La obra tenía que haber concluido en mayo de 2023 al contar con financiación del ARU, pero el tiempo se ha echado encima y ni tan siquiera se ha iniciado, lo que ha motivado el enfado vecinal. El anterior equipo de Gobierno adjudicó los trabajos a Herrero Temiño, pero quedó pendiente la dirección de obra. Esta situación hizo que el Ayuntamiento pidiera una ampliación del plazo hasta octubre, pero tampoco pudo cumplirse y a punto ha estado de perder 600.000 euros de la ayuda de la Junta. La intermediación del nuevo equipo de Gobierno (PP y Vox) ante la administración regional ha logrado una nueva prórroga.
El coste de la actuación ronda los 1,3 millones, de los que 300.000 aporta el ARU y el resto se financia con presupuesto municipal, y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Lo cierto es que el pavimento de esta zona se encuentra literalmente machacado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, además de tener numerosos escalones, lo que supone una barrera arquitectónica para personas con discapacidad. A ello se añade la situación de deterioro en la que se encuentran los locales. Un total de 36 son municipales, algunos de los cuales se han cedido a diferentes asociaciones tras un proceso de concurrencia, pero la mayoría están vacíos. Han sido vandalizados y presentan cristales rotos. A ello se añade que los tejados bajo los que se encuentran tienen humedades y los canalones están rotos, así como los pasadizos que conectan unos edificios con otros.
Mientras ya se han celebrado reuniones con las 5 comunidades de vecinos incluidas en la cuarta fase para rehabilitar fachadas y eliminar barreras arquitectónicas, pero todavía no se ha constituido el ente gestor, integrado por los vecinos y el Ayuntamiento. La alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Urbanismo, Manuel Manso, mantuvieron un primer encuentro con los residentes para tratar de impulsar la última fase de las viviendas, que se confía impulsar a lo largo del próximo año y también la urbanización.
Con estas actuaciones en los bloques y la urbanización de la zona interior quedaría completada la regeneración de este barrio iniciada en el año 2015.