Cabe recordar que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 tuvo como hilo argumental la corrupción de su principal adversario político. Y ese fue uno de los ejes de la campaña de las siguientes elecciones generales y, en parte, origen del resultado. El presidente del Gobierno y su equipo se lleva esforzando durante estos cinco años en demostrar y justificar que el Partido Socialista no concede el más mínimo gesto de aliento ante cualquier corruptela. Tanto es así, que hace apenas cuatro meses, coincidiendo con la rebaja de penas en los nuevos delitos de malversación, el propio Sánchez justificaba la decisión en que la corrupción ya no era motivo de preocupación de los españoles. Sin embargo, la irrupción del 'caso Mediador', ha vuelto a traer a la actualidad esta deleznable práctica de algunos responsables públicos, y circunscrita, paradójicamente, al partido que dice abanderar la lucha contra estos vicios. Lo que parecía inicialmente un pequeño asunto ceñido a la comunidad Canaria, se ha ido extendiendo hasta convertirse en un escándalo de dimensiones imprevisibles.
Advierte la Policía que se trata de una «trama criminal perfectamente definida y coordinada», con un líder que ha pasado ya a ser ex diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, que ofrecía sus servicios a empresas para lograr tratos de favor a cambio de comisiones ilegales, con varios implicados a los que se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
Hay que reconocer que no le tembló la mano al PSOE para expulsar al diputado nacional del grupo parlamentario con inusitada celeridad. Pero no se preveía la desmedida extensión de este escándalo, que, por el calibre que está adquiriendo, requiere que se llegue hasta el fondo, con la depuración de responsabilidades que el caso merece. Las cenas en sí no son lo relevante, sino lo que acompañaba a esos encuentros, más allá de que algunos de los invitados terminaran en prostíbulos, lo que es paradigma de la doble moral de algunos responsables públicos. Cuanto antes dé respuesta el PSOE a las preguntas que se está haciendo la sociedad, le será más beneficioso. Pero todo esto no quita para que sean conscientes de que la sociedad no tolera las corruptelas, ni ha rebajado su preocupación. Todo lo contrario, exige medidas más contundentes para que de una vez dejemos de encontrarnos con estos casos despreciables.
En cualquier caso, a España no se le puede tratar como un país de instituciones corruptas, sino más bien de contadas personas corruptas que emborronan el nombre de las instituciones. Salvaguardar la integridad de las estas ha de estar por encima de cualquier planteamiento político, de cara a alimentar el fortalecimiento del estado de derecho, que es lo puede concitar la convivencia democrática.