Las huelgas de letrados de la administración de justicia y de funcionarios ha dejado en una situación «preocupante» a la jurisdicción social, que ya llevaba varios años de colapso, según se puso de manifiesto en la última Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El juzgado número 3 es el más afectado y, dadas las circunstancias, han solicitado la asignación de una segunda jueza de apoyo, pues a día de hoy ya están reforzados. Una medida que, matizan, sería un parche a la espera de la creación de un cuarto órgano.  

El acuerdo expuesto en el seno del TSJCyL concluye que la situación del Juzgado de lo Social número 3, al igual que los otros dos, comienza a ser alarmante. «Soporta un volumen excesivo de trabajo y el registro de asuntos ha aumentado de manera considerable en las tres últimas anualidades», señala el escrito. Y es que desde 2019 superan los 900 asuntos por año, mientras que los módulos para los órganos de esta jurisdicción están fijados en 800. 

La tendencia de este año, en el que se han vivido paros desde enero hasta junio, no augura una mejoría del colapso. En los primeros nueve meses han ingresado 645 procedimientos y 81 ejecuciones. Todo parece indicar, por tanto, que se volverá a rozar el millar de asuntos. 

Los tres juzgados sociales celebran al mes un total de seis sesiones de juicios con una media de 15 señalamientos por cada una de ellas. Eso hace un total de 54 al año, a los que hay que sumar los procedimientos con los que se completan la agenda en base a desestimientos o acuerdos antes de la fecha de celebración. La magistrada que refuerza a estos órganos quita trabajo a partes iguales en cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta estas cifras, que muestran un evidente colapso, el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entiende que la medida más efectiva sería «la inmediata» creación del cuarto juzgado de lo Social. Mientras ello sucede, matizan, se debe mantener a la magistrada de apoyo como medida de refuerzo y, a mayores, el comisionado de otra jueza por un periodo inicial de seis meses para que ayude a aliviar la carga de trabajo y a rebajar los plazos de respuesta. 

Esta última medida ya se sacó a concurso entre la carrera judicial y fueron tres las solicitudes recibidas. En este sentido, se eligió a la magistrada que tiene mayor antigüedad en el escalafón. Se trata de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Miranda de Ebro. Una vez propuesto su nombramiento como comisión de servicio con relevación de funciones, debe ser la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la que dé el visto bueno, si bien estará supeditado a la autorización económica definitiva del Ministerio de Justicia.

Cabe destacar que hace menos de un año el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, reconoció algunas de las carencias que sufría la provincia de Burgos, entre ellas el colapso en la jurisdicción social. Aseguró, de hecho, que informaría favorablemente de la creación de nuevas unidades judiciales si se solicitaban. Lo cierto es que el cuarto órgano en esta materia se viene solicitando desde hace más de un lustro sin que, por el momento, se haya concedido.